La planificación sanitaria en la atención al ictus vuelve a situarse en el centro del debate en el Camp de Tarragona. Diversas entidades han cuestionado que se siga utilizando la mortalidad como principal criterio para decidir la distribución de recursos especializados, y alertan que este enfoque es insuficiente según los estándares actuales.
El impacto real: más allá de la mortalidad
Según exponen, el ictus no solo es una de las principales causas de muerte, sino también una de las primeras causas de discapacidad. Una parte importante de los pacientes sobrevive, pero con secuelas que pueden limitar gravemente su autonomía.
Por eso, los expertos insisten en que los sistemas sanitarios deben priorizar indicadores que midan la recuperación funcional y la calidad de vida de los pacientes, y no solo la supervivencia.
Uno de los puntos centrales del debate es la rapidez en la atención. En ictus, cada minuto es determinante para reducir el daño cerebral y mejorar el pronóstico.
Tratamientos como la trombólisis o la trombectomía mecánica solo son efectivos dentro de un margen de tiempo limitado, lo que obliga a garantizar un acceso rápido y equitativo a estos servicios.
Desigualdades territoriales
Las entidades señalan que los tiempos de acceso a los tratamientos pueden variar según el territorio, lo que puede generar desigualdades. En este sentido, critican que confiar en traslados a centros de referencia lejanos, como Barcelona, no siempre es viable, especialmente en zonas como las Terres de l'Ebre, donde factores como el viento pueden dificultar los vuelos medicalizados.
Ante esta situación, reclaman avanzar hacia la implantación de servicios especializados de ictus disponibles las 24 horas en el territorio, especialmente en Tarragona.
Advierten que aplazar estas medidas puede tener consecuencias importantes, tanto en términos de mortalidad como de discapacidad, y afectaría a cientos de pacientes.
Un modelo en revisión
El debate pone de manifiesto la necesidad de revisar los criterios de planificación sanitaria, con un enfoque más centrado en la equidad territorial y en la calidad de vida de los pacientes.
Las entidades concluyen que garantizar un acceso rápido a los tratamientos no debería depender del lugar de residencia, sino formar parte de un sistema sanitario que asegure las mismas oportunidades para todos.