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El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona llevará al próximo pleno dos mociones centradas en la protección social y la atención a las familias vulnerables. Por un lado, los republicanos instan al Gobierno del Estado a mejorar la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave (CUME), una ayuda que permite a los progenitores reducir la jornada laboral para cuidar a los hijos sin perder salario ni la vinculación con el trabajo.
La consejera de ERC, Mary López, ha denunciado que “muchas familias desconocen este derecho y acaban renunciando parcial o totalmente al trabajo para poder cuidar a sus hijos”. Por ello, la formación propone intensificar la difusión institucional de la prestación y simplificar los trámites. “Ningún padre o madre debería elegir entre cuidar a su hijo o mantener el trabajo”, ha afirmado López.
La moción también reclama ampliar el catálogo de enfermedades reconocidas, ajustar los límites de edad según cada caso y reducir la burocracia de las revisiones médicas. “La CUME debe dar tranquilidad a las familias, no generar más angustia con trámites pesados”, ha remarcado la consejera.
Paralelamente, ERC presentará una segunda moción para instar a la Conselleria de Educación a revertir los recortes en profesionales de integración y educación social que afectan a numerosos centros educativos. Según la portavoz del grupo, Maria Roig, esta reducción representa “un 25% menos de recursos para los centros con alumnado más vulnerable”, poniendo en riesgo la continuidad del apoyo y la atención personalizada.
Roig ha defendido que “la labor de los integradores y educadores sociales es esencial para garantizar la equidad y prevenir el abandono escolar” y ha calificado de “grave error” su reducción. ERC pide que se restablezcan las ratios anteriores y que se garantice la continuidad de los profesionales, con la participación de los centros, familias, sindicatos y representantes del sector en la revisión del programa.
“Las instituciones deben asegurar que los recursos lleguen donde más se necesitan y que el trabajo sostenido de estos profesionales no se pierda”, ha concluido Roig, defendiendo que la protección de las familias y la educación inclusiva “deben ser una prioridad a todos los niveles de la administración”.
