Las plataformas contrarias a la línea de muy alta tensión (MAT) entre Escatrón (Zaragoza) y La Secuita han recogido casi 3.000 alegaciones entre el viernes y el sábado pasado contra el proyecto impulsado por Red Eléctrica de España. La movilización entra ahora en una semana clave: el 25 de febrero expira el plazo para presentar reclamaciones.
Entidades como GEPEC, Unió de Pagesos, la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya, la Vall Sostenible y Prioritat recorrerán esta semana municipios del Priorat, el Baix Camp y el Tarragonès para facilitar la firma de alegaciones. También presentarán escritos propios Movimiento Ciudadano Teruel Existe y los consejos comarcales del Priorat, Baix Camp, Terra Alta y Ribera d’Ebre.
Salud, campesinado y espacios protegidos
En rueda de prensa en el Centro de Lectura de Reus, el presidente del GEPEC, Xavi Jiménez, recordó que “la Organización Mundial de la Salud cataloga las zonas electromagnéticas como potencialmente cancerígenas”. Desde Unió de Pagesos, Salomó Torres advirtió que el campesinado será el colectivo “más directamente afectado”, ya que tendrá que trabajar bajo dos líneas —una de 220 kV y otra de 400 kV— y denunció que el proyecto no incluye estudio de alternativas.
Las entidades alertan también de la afectación sobre espacios de la Red Natura 2000 y zonas de protección del águila real. “Algunos impactos son inasumibles”, afirmó Jiménez, que recordó precedentes de 2012 y 2022: “La paramos en 2012, la paramos en 2022 y en 2026 la pararemos”.
Posible batalla judicial
GEPEC y Unió de Pagesos preparan un contencioso administrativo y no descartan llevar el caso a los tribunales de la Unión Europea si no se detiene la tramitación, que gestionan el Ministerio para la Transición Ecológica y el Departamento de Territorio.
La nueva infraestructura sustituiría la actual línea de 220 kV por una de doble circuito (220 y 400 kV), triplicando la potencia sobre un trazado de 180 kilómetros. Las torres pasarían de los 20-25 metros actuales hasta los 55 y afectarían a 28 municipios de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp y Tarragonès.
En paralelo, la plataforma celebra que todos los ayuntamientos afectados —excepto Vallmoll— se hayan posicionado en contra. Ya hay más de 3.600 adhesiones a un manifiesto y una sesentena de entidades han dado apoyo. También reclaman “diálogo” a la Generalitat y denuncian que el plazo de 30 días para alegar es “imposible” para garantizar un debate real.
