La investigación judicial sobre el accidente ferroviario mortal de Gelida avanza con nuevos requerimientos a Adif y Rodalies Renfe. El juzgado de Vilafranca del Penedès que instruye la causa ha pedido el expediente completo de mantenimiento del tramo afectado durante los cinco años anteriores al siniestro, con actos de inspección, informes técnicos, incidencias detectadas y actuaciones realizadas.
El requerimiento también incluye los protocolos internos de inspección y conservación aplicables a esta infraestructura, así como la identificación de los responsables técnicos directos del tramo y de los mandos jerárquicos vinculados al mantenimiento.
Registros de circulación y comunicaciones
La resolución también ordena reclamar a Adif y Rodalies Renfe los registros de circulación y las comunicaciones operativas del tramo. Esto incluye grabaciones, registros CTC/CRC, órdenes de bloqueo, limitaciones de velocidad, consignas y posibles comunicaciones sobre incidencias o advertencias previas al accidente.
El juzgado también quiere el historial de inspecciones, actualizaciones e incidencias anteriores al tramo afectado y a su entorno, especialmente cualquier informe técnico relacionado con riesgos en infraestructuras, taludes, muros, trincheras o elementos susceptibles de desprendimiento.
Además, requiere al sindicato de maquinistas SEMAF, personado como acusación, la copia íntegra del escrito enviado el 20 de enero de 2026, el mismo día del accidente, a responsables de Renfe Rodalies, y el justificante de emisión y recepción y la identificación de las personas que lo redactaron y enviaron.
Más de 9.000 incidencias enviadas a Europa
En paralelo a la investigación judicial, la asociación jurídica Acció Cassandra, también personada en la causa, ha enviado a la Comisión Europea un dossier con 9.023 incidencias registradas en la red de Rodalies entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.
Del total, 199 constan como incidencias de severidad crítica, 3.456 de alta severidad, 553 de severidad media y 4.815 de severidad baja. Según la entidad, 8.923 registros provienen de flujos públicos de Rodalies, 91 de comunicaciones de la Generalitat y 9 de otros canales públicos.
Solo durante agosto de 2026, el dossier recoge 694 incidencias, de las cuales 338 están definidas como de alta o crítica severidad.
El foco en la R11 y el corredor mediterráneo
Acción Cassandra presta especial atención a las líneas R11, R2 Nord, R2 Sud, R4, R16 y R17, que utilizan total o parcialmente tramos convencionales, nudos o conexiones vinculados al corredor mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte.
En conjunto, estas líneas acumulan 4.121 incidencias, con 2.179 de alta severidad y 63 de severidad crítica. La R11, que conecta Barcelona-Sants con Portbou pasando por Granollers, Girona y Figueres, suma 974 incidencias, de las cuales 632 son de alta severidad y 9 de severidad crítica.
La asociación defiende que esta vinculación con un eje transeuropeo obliga a Bruselas a examinar si se cumplen los objetivos europeos de seguridad, interoperabilidad, capacidad, continuidad y resiliencia.
Reclaman más control sobre fondos europeos
La entidad también ha pedido a la Comisión Europea un desglose detallado de los fondos destinados a proyectos ferroviarios en España desde 2014, después de que Bruselas indicara que se han asignado 880 millones de euros del Mecanismo “Conectar Europa” a 60 proyectos ferroviarios.
Acción Cassandra considera que esta información es demasiado agregada y reclama saber qué parte de los recursos ha ido a tramos convencionales del corredor mediterráneo utilizados por Rodalies o a la red de proximidad catalana.
La asociación también ha aportado datos sobre inversión pública estatal real por habitante. Según estas cifras, en 2025 la inversión fue de 162,62 euros por habitante en Cataluña y de 452,32 euros en la Comunidad de Madrid, una relación de 1 a 2,78.
Petición de respuesta motivada
Acción Cassandra no pide que Bruselas sustituya a las autoridades estatales, pero sí que examine la documentación aportada y determine si el Estado, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria cumplen sus obligaciones de seguridad y supervisión.
La entidad también reclama una respuesta expresa sobre el régimen aplicable a los tramos de Rodalies vinculados al corredor mediterráneo, el destino efectivo de los fondos europeos y la posible apertura de un examen preliminar por parte de la Comisión.
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