Un juez de Vilafranca del Penedès ha ejecutado este jueves el **desahucio de nueve viviendas** en el barrio de Cal Salines, en Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), que estaban **ocupadas desde hacía más de una década**. Los pisos, propiedad de la Sareb, habían acumulado diversos conflictos vecinales con intervención policial a lo largo de los años.
Inicialmente, la orden judicial afectaba a 23 inmuebles, pero dos ya han sido devueltos a la propiedad y los doce restantes tienen el lanzamiento parado temporalmente mientras se revisa si los ocupas se pueden acoger a un alquiler social por situación de vulnerabilidad. Los pisos forman parte de tres edificios construidos por una promotora privada que solo vendió tres inmuebles; el resto fueron ocupados después de quedar vacíos.
Fuentes municipales explican que a lo largo de los años ha habido casos de necesidades sociales y, al mismo tiempo, conflictos con vecinos. El Ayuntamiento entregó al juzgado un dossier de 110 páginas con actuaciones policiales en la zona, y recuerda que los tres propietarios que adquirieron sus pisos han sido “objeto de insultos y vejaciones” por parte de algunos ocupas.
Las familias afectadas por la orden de desahucio han reivindicado el derecho a continuar viviendo en los inmuebles: “Son viviendas que con nuestro esfuerzo y sacrificio sacamos adelante, adecuándolas para poder vivir con nuestras familias”, han explicado a la ACN, desde que hace tres semanas recibieron la notificación del desahucio previsto para este 13 de noviembre.
Algunas familias se han reunido con la alcaldesa Esther Marmaneu, que las ha instado a dirigirse a los Servicios Sociales del Consell Comarcal. Hasta ahora, 14 de las 23 familias han solicitado informe de vulnerabilidad, con 11 informes positivos y 3 negativos.
Según la Sareb, los desahucios ejecutados corresponden a familias que no han querido colaborar para llegar a un acuerdo o que tienen un historial conflictivo, mientras que los casos parados temporalmente corresponden a familias con predisposición a colaborar. Si se comprueba que se encuentran en situación de pobreza, la Sareb garantiza que se pactará un alquiler social que no supere el 30% de los ingresos familiares, con obligación de aceptar un programa de acompañamiento social.
Los desahucios se han realizado desde primera hora de la mañana con un fuerte dispositivo policial, sin incidentes violentos. Se han movilizado cinco unidades ARRO, agentes de Mediación de los Mossos d’Esquadra, unidades de Seguridad Ciudadana, la Policía Local y diversas empresas de cerrajería y seguridad para evitar que los pisos vuelvan a ser ocupados.
