El gobierno del PSC en la Paeria de Lleida ha conseguido este viernes aprobar las ordenanzas fiscales para 2025 gracias a un pacto de última hora con Junts per Lleida, que ha permitido desbloquear la votación con 14 votos a favor. El acuerdo se ha cerrado minutos antes del pleno extraordinario, después de que los socialistas aceptaran la propuesta de Junts de rebajar un 2% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una medida que supondrá un ahorro de 1 millón de euros para los ciudadanos.
El alcalde Fèlix Larrosa ha calificado el pacto como “fruto de la responsabilidad” y ha defendido que la negociación “no ha sido ni teatro ni postureo, sino trabajo hasta el último momento”. Según ha dicho, “lo más fácil habría sido dejar el expediente encima de la mesa, pero era necesario sacarlo adelante para garantizar estabilidad”.
Por parte de Junts per Lleida, la portavoz Violant Cervera ha admitido que ha habido “tensión” en la negociación con el PSC, pero ha destacado que la rebaja del IBI “era una condición imprescindible”. Según Cervera, Lleida es la tercera capital del Estado con el IBI más alto, una situación “que no se corresponde con el nivel de servicios como la limpieza o la recogida de basuras”. La portavoz ha remarcado que la reducción fiscal acumulada de los dos últimos años asciende a 2 millones de euros.
Desde ERC, la portavoz Jordina Freixanet ha cargado contra el gobierno socialista por haber “perdido el rumbo, los aliados y la credibilidad”, acusándolo de “castigar a la clase trabajadora” mientras “pone la alfombra roja a los proyectos faraónicos”. El PP, por su parte, ha denunciado que “la fiscalidad se ha convertido en una herramienta de castigo”, y ha puesto el foco en la subida de la tasa de basuras, pidiendo un debate amplio sobre la financiación municipal.
El Comú de Lleida también se ha mostrado crítico con el acuerdo. La portavoz Laura Bergés ha advertido que el incremento del recibo de los residuos —de entre un 20% y un 25%— “habría sido evitable si se hubiera implantado un sistema más eficiente como el puerta a puerta”.
La teniente de alcalde Carme Valls, encargada de defender las ordenanzas, ha destacado que las nuevas medidas “dan estabilidad a empresas y emprendedores” y mantienen congeladas diversas tasas como las de educación, servicios a las personas o aparcamiento. También ha recordado que se amplían las bonificaciones a familias monoparentales y viviendas de alquiler social —hasta el 95% del IBI—, y ha defendido que la subida de la tasa de basuras es obligada para adaptarse a la normativa europea y estatal de residuos.
Con la aprobación de las ordenanzas fiscales, el gobierno de Larrosa asegura “un marco de confianza para las cuentas de 2025”, mientras Junts reivindica su papel “decisivo” por haber conseguido una rebaja impositiva para la ciudadanía.