No es la primera vez que la Paeria de Lleida reitera su lucha contra las mafias por el empadronamiento en la ciudad. El mismo paer en cap, Fèlix Larrosa, felicitaba a la Policía Nacional en la última Junta Local de Seguridad que se celebró en julio por la detención de 4 personas en la conocida Operación Espejo relacionadas con mafias que facilitan el empadronamiento en Lleida a fin de conseguir la regularización, tener la tarjeta sanitaria y el resto de servicios sociales. Se conoce como el delito de favorecimiento de inmigración irregular.
Es por este mismo motivo que la Paeria de Lleida y la Subdelegación de Gobierno, encabezada por el subdelegado José Crespín, han colaborado conjuntamente para garantizar el buen funcionamiento de los empadronamientos y la detección de fraudes. La teniente de alcalde, Carme Valls, y el concejal Roberto Pino, visitaron ayer la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC), junto con el subdelegado, para garantizar el buen funcionamiento de los trámites que se gestionan en la OMAC relacionados con el padrón municipal.

En este sentido, y dado el aluvión de peticiones que recibe la OMAC, la Subdelegación del Gobierno se ha puesto en contacto con los diferentes organismos estatales, como la Policía Nacional o la Seguridad Social, para ver cuáles son los certificados de empadronamiento que piden a la ciudadanía. El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, manifestó que hablará con el resto de subdelegaciones catalanas para poner en común el funcionamiento del procedimiento de empadronamiento en otras ciudades y para ver de qué manera se puede luchar contra los empadronamientos fraudulentos.
Por otra parte, la teniente de alcalde Carme Valls, recordó que empadronarse es un derecho garantizado en Lleida, pero afirma que hay que seguir trabajando para detectar los empadronamientos engañosos por parte de personas que no residen en la ciudad y las malas prácticas. Desde el gobierno municipal reiteran que el Ayuntamiento de Lleida es estricto con el cumplimiento de la legalidad y un ejemplo a seguir, con un protocolo que asegura la inscripción de las personas y su acceso a los derechos básicos.