La Fiscalía de Lleida se hará cargo de la denuncia que las entidades Ipcena y Ecologistes de Catalunya (EdC) presentaron contra el Departamento de Interior y el de Agricultura por los incendios de la Segarra, la Noguera y el Urgell del 1 de julio. Así lo ha comunicado el TSJC a las entidades, cuyo portavoz, Joan Vázquez, ha reiterado a la fiscalía los motivos por los que creen que el Gobierno actuó sin previsión, con irresponsabilidad y falseando datos en la gestión de los incendios, que quemaron unas 5.000 hectáreas y provocaron la muerte de dos personas. También han añadido que la orden de prevención del Plan Alfa 3 no incluía la figura de un vigilante en caso de que se estuvieran llevando a cabo actividades de siega, como ocurrió el día del incendio de Torrefeta.
Los ecologistas han explicado en rueda de prensa que, tras el traslado de la denuncia a la Fiscalía de Lleida, han decidido ampliarla para reafirmar así la "irresponsabilidad" que habría tenido el Gobierno en la gestión de los incendios de Torrefeta y Florejacs, y el de Sanaüja. La ampliación hace referencia a un punto de la orden de medidas a adoptar en la siega cuando las condiciones climáticas son extremas. Según Vázquez, en la orden de 2013, con el consejero Josep Maria Pelegrí al frente de Agricultura, y en 2020, con la consejera Jordà al frente del Departamento, se especificaba que, además de las medidas de prevención actuales, también había que disponer de la figura de un vigilante mientras se realizaba la actividad agrícola.
Esta figura habría caído de la orden de prevención emitida por el consejero Óscar Ordeig este 2025, según los ecologistas, y por eso ahora piden que la fiscalía lo investigue, lo que se sumaría a las otras irregularidades que consideran que hubo en la gestión de estos incendios. Vázquez ha recordado que, a pesar de que las condiciones climáticas del día de los incendios fijaban la activación del Plan Alfa 3, cuando no se puede segar, los Agentes Rurales habrían permitido la siega como si hubiera el Plan Alfa 2.
Otra de las irregularidades que habrían tenido lugar aquel día, según Vázquez, es que los Grupos de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF) llegaron con quince minutos de retraso al incendio de Torrefeta "y no pudieron actuar", ya que en ese momento las llamas corrían a 30 kilómetros por hora. Los ecologistas lamentan que el GEPIF más cercano a la zona del incendio se encuentra en Calaf y por eso piden que, como mínimo, debería haber uno por comarca.
Por todo ello, los ecologistas quieren poner de manifiesto ante la fiscalía que las medidas que adoptó el Gobierno para evitar y combatir los incendios son "insuficientes". Además, tal como ha explicado Raimon Mestres, un ex agente rural que apoya a Ipcena en esta causa, todavía no se ha evaluado la fauna afectada por este incendio, sobre todo la especie protegida del cernícalo primilla, que se encuentra en época de puesta de huevos.
