El actual síndico de agravios de la Universitat de Lleida (UdL), Jesús María Gutiérrez Bustillo, continuará en el cargo tras agotar su mandato de cuatro años. El Claustro de la UdL ha aprobado hoy su renovación en una sesión extraordinaria celebrada de manera virtual; con 96 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Gutiérrez asumió esta responsabilidad en el año 2022, relevando al abogado Joan Betriu Monclús. Aunque ahora el mandato de esta figura es de 6 años, en este caso la reelección tiene un carácter provisional, dado que el síndico ya ha anunciado que no agotará este segundo periodo al frente de la oficina.
"La normativa no prevé prórrogas y la reelección es la única opción que tenemos para no quedarnos sin síndico a mediados de enero", ha explicado el secretario general de la UdL, César Cierco. "Aunque el mandato es de 6 años, él lo puede dejar cuando quiera", ha añadido. Por su parte, la rectora Maria Àngels Balsells ha destacado que Gutiérrez ha sido "un mediador eficaz, muy ecuánime y proactivo".
Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona (Estudi General de Lleida), Jesús M. Gutiérrez ha sido profesor asociado del departamento de Derecho Público (Derecho Administrativo) de la UdL entre los años 2011 y 2020. Profesionalment siempre se ha dedicado al asesoramiento jurídico en el mundo municipal, y ha sido secretario general de los ayuntamientos de Balaguer, Tàrrega y Lleida (2003-2020)
Desde su posición de síndico de agravios siempre ha abogado por las resoluciones propositivas, "planteando, a partir del caso singular, recomendaciones para hacer mejoras más generales", ha explicado. Entre sus prioridades actuales, Gutiérrez quiere potenciar la oficina de la sindicatura para poder hacer un relevo en las mejores condiciones posibles y continuar promocionando la cultura de la mediación, "que cuesta de implantar aquí y en todas partes".
Durante la sesión, el claustro de la Universitat de Lleida también ha aprobado la modificación de la Normativa Electoral, que pasa a denominarse reglamento y que se adapta a los nuevos Estatutos de la institución. El texto regula la elección de las personas que representan los diversos colectivos de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno y representación, dejando al margen las elecciones a rector o rectora, que cuentan con un reglamento propio. "A partir de ahora, cuando aprobemos la modificación de una norma, lo haremos de su versión consolidada porque esto aporta seguridad jurídica", ha explicado Cierco.