El presidente de la subcomisión de extranjería del Colegio de Abogados de Girona, Jordi Espelt, alerta de que la oficina de extranjería de la capital gerundense "quebrará" si no se incorpora más personal. Según datos del sindicato CSIF, "sólo hay 17 trabajadores de los 41 que tiene la plantilla"; y de 15 interinos, "tan sólo hay 5". Esto provoca que no haya citas disponibles para tramitar los permisos de trabajo y residencia, ni tampoco para renovarlos. "Se está haciendo entrada de solicitudes, pero no se resuelven", lamenta Espelt. Desde la subdelegación del gobierno español en Girona indican que las solicitudes han crecido un 30% en comparación a hace un año, y dicen que dotarán la oficina con más recursos "tan pronto como sea posible".
Hace más de diez años que tanto el Colegio de Abogados de Girona como el sindicato CSIF -además de entidades y ONG- denuncian que la oficina de extranjería de la capital gerundense está "colapsada" por la falta de personal que arrastra desde 2015, sumado a la gran cantidad de solicitudes que recibe. El presidente del CSIF en Girona, Rafael Sánchez, afirma que actualmente la plantilla está formada por 41 empleados, pero "tan sólo hay 17 personas trabajando".
"Y de los quince interinos que se tenían que incorporar, sólo lo han hecho cinco, porque a los otros diez no les ha interesado. Es la primera vez que pasa", recalca. Además, según Sánchez, hay tres de los cinco interinos que han ganado unas oposiciones, "y pronto se marcharán". "Los trabajadores están desbordados, trabajamos para dar un buen servicio al ciudadano, y al ver que no puedes llegar, es un poco frustrante", afirma.
Tanto Sánchez como el presidente de la subcomisión de extranjería del Colegio de Abogados de Girona, el abogado Jordi Espelt, sostienen que Girona es "una de las cinco demarcaciones con más volumen de trabajo", pero la diferencia en el número de trabajadores es "muy grande". "Madrid, Barcelona o Valencia son las oficinas que tienen más solicitudes, pero tienen plantillas de unos 100 trabajadores", apunta Espelt.
El sindicalista y el abogado argumentan que cuesta encontrar personal en Girona porque, con el mismo sueldo que se cobra en el resto del Estado, "aquí el coste de vida es mucho más caro, y les sale más a cuenta trabajar en otro lado".
Del "colapso" a la posible "quiebra"
Ahora, además, la problemática se ha agravado con la reforma de la ley de extranjería, que entró en vigor en mayo, y que facilita la regularización de inmigrantes con el objetivo de incorporarlos al mercado laboral. "Ahora hay una entrada de solicitudes mucho más masiva" y, si no ponen más personal, "habrá un momento que prácticamente quebrará", advierte Jordi Espelt.
"Se está haciendo una entrada de solicitudes, pero no se está destinando tiempo a resolverlas", cosa que está generando un grave perjuicio tanto para los ciudadanos como también para las empresas, según el abogado. Y pone un ejemplo: Si un empresario quiere contratar a una persona inmigrante para la temporada de verano, empezará los trámites en marzo, porque la administración marca que los tiene que resolver en máximo tres meses.
Ahora, sin embargo, como no hay citas disponibles y hay un volumen tan alto de solicitudes, el plazo se acaba alargando meses y meses. "Y acaban recibiendo la autorización cuando ya ha llegado la temporada baja", lamenta el abogado. Espelt recalca que este colapso genera también "doble trabajo". "Porque serán solicitudes que habrían generado puestos de trabajo, y que, en cambio, quedarán en nada, duplicando la burocracia dentro de la subdelegación".
Desde el Colegio de Abogados recogen el retraso que acumulan algunos profesionales en los trámites en la oficina de extranjería, y hay quien todavía espera que respondan solicitudes presentadas en octubre de 2024. Por eso, Espelt, que también forma parte de la comisión de extranjería del Consejo de la Abogacía Española, ha vuelto a pedir al gobierno español que incorporen urgentemente más personal.
Para conseguirlo, tanto los abogados como el sindicato CSIF hace años que piden que se ofrezcan incentivos económicos a los trabajadores de Girona, tal como se hace, por ejemplo, a los funcionarios de las islas Canarias.
Con el permiso a punto de caducar
El CSIF y el Colegio de la Abogacía apuntan que es muy difícil saber cuántas personas hay afectadas por la falta de horas disponibles en la oficina de extranjería gerundense, pero "el número es muy elevado", según Espelt.
Uno de los perjudicados es Moha, trabajador de la empresa Fruitex de 23 años. Él hace meses que intenta conseguir una cita para renovar su permiso de trabajo y, al final, optó por pagar 30 euros en un locutorio para conseguirla.
Sin embargo, el día que fue, no le pudieron hacer los trámites "porque no tenían cartulinas". Le dijeron que tenía que volver otro día, pero no hay horas disponibles. "Antes podías pedir cita desde el móvil, pero ahora no encuentras nunca", reprocha. Su principal temor es que, si no renueva el permiso antes de que le caduque, volverá a una situación de irregularidad. "Si pierdo el trabajo, ¿cómo pagaré el piso? ¿Cómo viviré?", se pregunta.
El chico llegó a Cádiz en 2018 procedente de Mali. Desde hace unos tres años trabaja en la empresa Fruitex, situada en Vilobí d'Onyar. Uno de los propietarios de la compañía, Ramon Rovira, critica la cantidad de trabas que se encuentra para poder tramitar o renovar los contratos de los trabajadores de origen extranjero.
"No hay horas para ir y esto crea un problema muy gordo a todo el mundo. A las empresas porque se les caducan los permisos. Pero sobre todo a ellos, porque han luchado muchos años para conseguir los papeles, y ahora no hay manera de renovarlos", denuncia. Rovira expone que, en el caso de Moha, ya tardó tres años en tramitar su permiso de trabajo. Y ahora teme que se vuelva a quedar sin.
"Tienes gente que no puede trabajar porque no tiene papeles, y están abocados a traficar o a robar porque alguna cosa tienen que comer. Y cuando uno trabaja, está empadronado y tiene los papeles, no hay maneras de renovarlos porque les falta personal. Es un disparate absoluto", critica.
Incremento de un 30% de solicitudes
Desde la subdelegación del gobierno español en Girona aseguran que la falta de citas disponibles en la oficina de extranjería es "una circunstancia" que les preocupa "por la irregularidad que significa". Y añaden que están trabajando "con discreción y persistencia" para "encontrar una solución favorable a los intereses de la ciudadanía".
Las mismas fuentes esgrimen que, con la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, "se han incrementado un 30% el número de solicitudes", en comparación al mismo período que el año pasado. Para el gobierno español, este aumento "es una muestra de que el sistema ofrece nuevas oportunidades de regularización que hasta ahora no existían".
Y recuerda que, en los meses de verano, a causa de los turnos de vacaciones, se puede producir "una cierta ralentización del servicio". Pero defiende que se corregirá a partir de septiembre, "cuando se normaliza el ritmo y se recuperan los plazos con agilidad".
En cuanto a la plantilla de la oficina, la subdelegación indica que es "especialmente complejo" cubrir estas plazas, "porque la mayoría de los funcionarios prefieren otros destinos donde el coste de la vida y el acceso a la vivienda son más económicos". Y es una circunstancia que "afecta a todo el conjunto de la Administración del Estado en Girona".
Además, recalcan que la oficina de extranjería de Girona "asume un volumen de trabajo muy alto con muchos menos recursos de los que tenía antes de los recortes aplicados por el gobierno del Partido Popular". Y que, "a pesar de las dificultades", "este volumen de trabajo no ha llevado la oficina al borde del colapso".
Por último, aseguran que el ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene el propósito de volver a dotar la oficina con los recursos personales y humanos necesarios tan pronto como sea posible".
En este sentido, remarcan que este mes de julio, la Oficina de Girona ha puesto en marcha un sistema automático de citas para agilizar la expedición de las tarjetas de identidad de extranjero (TIE) y resolver los colapsos y retrasos que acumula el servicio. A partir de ahora, cuando se resuelva favorablemente un permiso de residencia -tanto las que tramite la misma oficina como las que se hagan desde el servicio del Ministerio- se enviará automáticamente una cita asignada para que la persona pueda tramitar la TIE en un plazo máximo de quince días. Eso sí, según informa la Subdelegación, siempre que no se trate de resoluciones "condicionadas a otros trámites previos" (como el alta en la Seguridad Social o la entrada en el territorio estatal).
