El balance oficial de criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026, publicado por el Ministerio del Interior, revela un aumento significativo de los incidentes relacionados con la seguridad en el espacio público de la ciudad de Girona. En concreto, si se agregan los datos sobre hurtos, robos con violencia o intimidación y sustracciones de vehículos, se registra un incremento cercano al 10% en este tipo de infracciones.
Las estadísticas indican que los delitos contra la propiedad se mantienen estables respecto al mismo período del año anterior, mientras que las variaciones en los casos relacionados con delitos sexuales no presentan cambios notables.
Datos detallados sobre hurtos y robos
Según el documento oficial, los hurtos han experimentado una subida del 12,7%, pasando de los 551 incidentes registrados hasta los 621. Considerando conjuntamente los hurtos, robos con violencia o intimidación y sustracciones de vehículos, los casos vinculados a la inseguridad ciudadana en espacios públicos han crecido un 9,8%, elevándose desde los 654 hasta los 718 episodios notificados.
Estas cifras contrastan con una prudencia más elevada por parte de los habitantes en cuanto a la prevención ante la ciberdelincuencia y coinciden con una ligera reducción —aún insuficiente— en delitos contra la libertad sexual.
Reclamaciones políticas para reforzar la videovigilancia
La situación descrita ha llevado al grupo municipal PSC-Girona pel Canvi a presentar una moción que exige que las cámaras de seguridad ya instaladas funcionen correctamente para convertirse en herramientas efectivas tanto para prevenir como para investigar hechos delictivos. Actualmente, Girona dispone de un sistema variado formado por cámaras destinadas al control de acceso, videovigilancia de espacios públicos, supervisión de la Zona de Bajas Emisiones y radares; pero muchas de estas instalaciones están fuera de operatividad o simplemente no funcionan.
El concejal socialista responsable del área, Josep Palouzié, ha señalado que otros municipios han apostado firmemente por ampliar los sistemas de videovigilancia como complemento esencial dentro de las políticas públicas de seguridad. En este sentido, destaca Lleida, donde está previsto desplegar una red cercana a las trescientas cámaras; asimismo, Mataró plantea una instalación formada por unas ciento cincuenta unidades.
Palouzié explica: “Más allá de su utilidad como prueba judicial, las cámaras tienen un efecto disuasorio evidente e, integradas con sistemas inteligentes, permiten obtener una visión global de los espacios públicos y detectar incidencias con más rapidez. Y lo que es más importante, contribuyen de manera decisiva a la garantía del derecho a la seguridad”.
Sistema integrado vinculado al Centro de Coordinación Municipal
Los socialistas también piden impulsar un sistema integral que interconecte todas las cámaras municipales mediante una plataforma única asociada al Centro de Coordinación Municipal. El objetivo es centralizar toda la información captada para que pueda ser gestionada eficientemente y aumentar así tanto la capacidad reactiva ante hechos delictivos como los recursos disponibles para los procesos de investigación policial.
Además reclaman instalar dispositivos adicionales en aquellos puntos identificados como prioritarios según criterios policiales e instar al gobierno local para que considere explícitamente la seguridad ciudadana como un servicio público fundamental.
En palabras del concejal Josep Palouzié: “Si los problemas se concentran en el espacio público, tenemos que adoptar medidas que ayuden a prevenir y disuadir los comportamientos delictivos (e incívicos). Las cámaras sirven para prevenir, para actuar con más eficacia y para aportar pruebas cuando los hechos llegan a los juzgados”.
