La Policía Local y los Mossos d'Esquadra han detenido a otro joven investigado por varios tirones violentos con violencia a personas mayores de la Bisbal en menos de una semana. Se trata de un hombre de 21 años, que tiene 23 antecedentes previos. Después de pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad, al igual que ocurrió con el primer detenido, un hecho que ha criticado el Ayuntamiento de la Bisbal, que se ha personado como acusación popular. En las últimas semanas, se han registrado varios robos en la capital del Baix Empordà. Aprovechando la vulnerabilidad de las personas mayores, los detenidos atacaban a las víctimas, estirándoles cadenas, collares o brazaletes y huían del lugar corriendo.
Gracias a la colaboración ciudadana y a las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas recientemente en el centro de la población, los dos cuerpos policiales han podido avanzar en la investigación e identificar a los sospechosos. Como resultado, este jueves se detuvo a uno de los presuntos autores, un joven de 19 años, y este domingo, han podido detener al segundo. Los Mossos d'Esquadra investigan seis casos de tirones violentos a personas de edad avanzada en la Bisbal d'Empordà en menos de una semana. Todos los hechos se han producido coincidiendo con la fiesta mayor del pueblo que va del 14 al 18 de agosto, si bien el Ayuntamiento lo considera casualidad.
Quejas a la Fiscalía
Desde el Ayuntamiento de la Bisbal, sin embargo, han cargado especialmente contra "la interpretación" de la ley que hace la Fiscalía, por no solicitar la prisión provisional para estas personas "muchas de las cuales son multireincidentes". "Cuando se ataca sistemáticamente a gente mayor por la calle y cuando se ha identificado a los responsables, no puede ser que su lugar sea la calle. Esto es lo que nos pasa ahora en la Bisbal, que su lugar está en la calle. Algo falla aquí", destaca el concejal.
Por ello, el concejal de Seguridad de la Bisbal, Xavier Dilmé, espera que personándose desde el Ayuntamiento como acusación popular el abogado contratado por el consistorio "presione" a la fiscalía pidiendo medidas cautelares sobre los infractores y, de este modo, se abra la opción para que el juez envíe a prisión preventivamente a los responsables, aunque la Fiscalía no lo solicite.