El Ayuntamiento de Girona ha presentado un recurso de apelación a una sentencia que obliga a indemnizar a la concesionaria de dos aparcamientos subterráneos con 9,7 millones de euros. En 2022 se aprobó la liquidación del contrato con la empresa, después de que esta entrara en concurso de acreedores. Este movimiento permitía que el consistorio municipalizara los dos aparcamientos (uno de ellos en la calle de Emili Grahit y el otro en la Devesa). La empresa, sin embargo, presentó alegaciones y finalmente presentó un contencioso administrativo. Ahora, la sentencia da la razón a la empresa y obliga al ayuntamiento a pagar 9,7 millones de euros. Desde el gobierno local aseguran que se han seguido "de manera escrupulosa" todos los informes jurídicos emitidos.
En un comunicado, el gobierno local se muestra sorprendido de la sentencia judicial y muestran "el máximo respeto a la resolución". A pesar de todo, han decidido presentar un recurso de apelación. Considera que obtendrá una resolución favorable porque hay jurisprudencia que les respalda. Al mismo tiempo, asegura que la municipalización de los dos aparcamientos ha permitido que la ciudad recupere "unos equipamientos clave para la movilidad" que suman 542 plazas que hasta ahora estaban cerradas y abandonadas.
El inicio del proceso de municipalización se remonta al 11 de abril de 2022. En aquel momento, el gobierno local estaba formado por Junts y ERC presentó la liquidación del contrato de concesión con la empresa Girona 2003 SL. Se trata de una concesión que se había hecho en 2003 para la construcción y explotación de los aparcamientos que hay en la calle de Emili Grahit (bajo la biblioteca de Carles Rahola) y otro en la plaza de Miquel de Palol del barrio de la Devesa.
Esta empresa entró en concurso de acreedores y el Ayuntamiento de Girona instó al Juzgado Mercantil a resolver la extinción del contrato que había vigente. Precisamente el 11 de abril de 2022, el gobierno local aprobó de forma unánime la liquidación del contrato. Este era el inicio del proceso de municipalización donde se consideraba que recuperar la gestión directa de los dos aparcamientos respondía al interés general y era la mejor opción para prestar un servicio eficiente.
Meses más tarde, el pleno del 3 de junio de 2022 se aprobó por unanimidad desestimar las alegaciones que había presentado la empresa concesionaria del servicio en contra del acuerdo plenario. En la sesión del 29 de julio, la municipalización volvió a pasar por el plenario con la aprobación de todas las fuerzas con representación de oponerse a la demanda que había presentado la empresa en el contencioso administrativo.
Ahora, este juzgado ha dado la razón a la concesionaria y obliga al consistorio a pagar una indemnización millonaria a la empresa.