El Departamento de Educación prevé comenzar este mes de abril un plan piloto que contempla la incorporación de agentes de los Mossos d’Esquadra en trece institutos públicos distribuidos entre diversas localidades catalanas, entre las cuales destacan l'Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Vall d’Aran, Tàrrega, el Prat de Llobregat y Sabadell.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado una oposición frontal por parte de sindicatos educativos y asociaciones de familias. Este lunes por la mañana, dos de los centros donde se ha previsto implantar el programa, los institutos Margarida Xirgu y Eugeni d’Ors situados en L'Hospitalet, han organizado una protesta con pancartas que reclamaban "Más pedagogía, menos policía", tal como ha avanzado 3Cat.
La Asamblea de Trabajadoras de estos centros ha hecho público un comunicado donde se denuncia que los institutos ya disponen de profesionales cualificados de cuidadoras, técnicos de integración social (TIS), educadores sociales y orientadores para gestionar situaciones complejas. En paralelo, critican que el Departamento haya reducido las plantillas de estos perfiles mientras promueve simultáneamente un modelo basado en la presencia policial.
Esta asamblea sostiene que el abordaje de la conflictividad escolar no puede pasar por medidas policiales sino por un refuerzo significativo de los recursos sociales y pedagógicos. Además, acusan a la administración educativa de tomar esta decisión sin consultar previamente con la comunidad educativa implicada.
También alertan sobre el riesgo de que esta medida pueda fomentar una cultura punitiva dentro de los centros escolares y contribuya a estigmatizar especialmente al alumnado vulnerable o procedente de contextos migratorios.
Ante estos argumentos, exigen la retirada inmediata del proyecto piloto y reclaman una inversión mayor destinada a reforzar los servicios educativos existentes.
Características del proyecto piloto
El objetivo principal del plan es introducir figuras denominadas "agentes integrados", formados por policías de los Mossos desarmados y vestidos de paisano, encargados de mitigar episodios de conflictividad dentro de los centros docentes afectados. El gobierno catalán ha defendido esta iniciativa asegurando que es una demanda «fuertemente reclamada desde el mundo docente».
No obstante ello, el sindicato mayoritario del profesorado de secundaria ha negado rotundamente haber solicitado jamás esta intervención policial en los centros escolares. Según han manifestado estas organizaciones sindicales, garantizar la autoridad de los docentes sería la respuesta adecuada ante las problemáticas detectadas.
Los sindicatos rechazan la medida: causas estructurales y alternativas
El sindicato USTEC se ha pronunciado claramente en contra del plan en un comunicado oficial donde reconocen que «la convivencia en algunos centros es un problema real y grave», pero afirman que incorporar agentes policiales no constituye una solución eficaz ni apropiada.
Esta organización sindical destaca diversos factores estructurales como las ratios elevadas de alumnos por aula, la falta crónica de personal dedicado a la atención educativa (PAE), insuficientes servicios de orientación especializada así como una infrafinanciación persistente del sistema educativo catalán. En consecuencia, sostienen que abordar el conflicto escolar como una cuestión estrictamente vinculada a la seguridad resulta ineficiente.
Además advierten sobre el riesgo de que se consolide un modelo problemático similar al desarrollado en el Reino Unido, donde la presencia policial en los centros no ha demostrado mejorar significativamente la convivencia ni el rendimiento académico.
USTEC apuesta porque las escuelas sean espacios dedicados a fomentar valores como la paz social, el pensamiento crítico y una convivencia saludable sin necesidad de recurrir a los cuerpos armados como herramienta educativa. Por todo ello proponen alternativas concretas como desplegar completamente el plan integral de convivencia escolar; reducir ratios; incrementar plantilla docente y PAE; dotar adecuadamente los servicios de orientación; así como impulsar decididamente políticas inclusivas dentro del ámbito escolar.
Punto de vista de las familias afectadas
La asociación federada principal representante de las familias —las aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes Catalunya)— también ha mostrado reticencias hacia este planteamiento. Este colectivo considera insuficiente que se base solo en incorporar agentes policiales para mejorar el ambiente en los institutos y propone priorizar otros perfiles profesionales especializados como integradores sociales o educadores sociales dedicados exclusivamente al apoyo directo a los alumnos.
