El pleno extraordinario sobre seguridad del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, celebrado este martes a propuesta de ERC-EUiA y el PP, se clausuró sin ningún acuerdo. Ninguno de los ocho puntos del orden del día —incluida la petición de dimisión del teniente de alcaldía de Seguridad, Jesús Husillos— prosperó. La ausencia de Vox en el momento de votar, después de abandonar la sesión una vez intervenido su portavoz, impidió la reprobación del gobierno municipal: todas las mociones quedaron rechazadas por 13 votos en contra y 11 a favor. En el caso específico de la dimisión de Husillos, los Comunes se abstuvieron.
El debate constató el consenso sobre el crecimiento de la inseguridad, con especial incidencia en robos con fuerza, hurtos y la proliferación de narcopisos y ocupaciones, pero también la divergencia sobre las causas y las respuestas.
- PP: la portavoz Sonia Esplugas calificó la ciudad de “insegura”, acusó al ejecutivo de “perder el control de la calle” y de “incompetencia”, y señaló la existencia de patrullas vecinales como síntoma de miedo.
- ERC: el portavoz Jaume Graells se refirió a la manifestación masiva del 1 de octubre como prueba de la magnitud del problema y reprochó al gobierno que la descalificara como convocatoria de la extrema derecha.
- Vox: el portavoz Francisco González atribuyó la inseguridad a la población extranjera y reclamó expulsiones de multireincidentes; el grupo se marchó antes de votar criticando al PP por “hacer de muleta de ERC”.
- Comuns: el portavoz Manuel Domínguez admitió la preocupación, pero pidió una respuesta integral que incluya Justicia, más allá del ámbito policial.
ERC y PP también focalizaron las críticas en el conflicto laboral con la Guardia Urbana, acusando al gobierno de romper puentes de negociación y de desacreditar al cuerpo. Reclamaron mejoras salariales —para equipararse a otras policías locales— y más recursos y material.
En la réplica, el alcalde David Quirós defendió que el gobierno “nunca” ha cuestionado la profesionalidad de la Guardia Urbana y remarcó que el problema supera el ámbito local. Admitió un desequilibrio de “dimensión” entre efectivos y población, situó la nueva comisaría como proyecto clave y señaló el absentismo en el cuerpo como un reto que se está analizando “para encontrar la raíz”. Sobre la marcha el 1 de octubre, dijo sentirse “orgulloso” del carácter pacífico de la protesta.
El concejal Jesús Husillos, objeto de la petición de dimisión, evitó entrar en el detalle del conflicto sindical e informó de que el consistorio tiene “una cuarentena de multirreincidentes” identificados como responsables de una parte significativa de los delitos; según dijo, se está trabajando con Fiscalía y el Gobierno español para forzar el ingreso en prisión en los casos que corresponda.
Los ocho puntos tumbados incluían una declaración de “gran preocupación” por el incremento de la delincuencia, medidas operativas para reforzar la eficacia de la Guardia Urbana y actuaciones específicas por distrito. A pesar de no prosperar, el debate ha evidenciado la presión política sobre el gobierno y ha reabierto la discusión sobre modelos de seguridad, coordinación policial metropolitana y respuestas judiciales ante la multireincidencia.
