El Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa ha acordado llevar a juicio a dos agentes de la Policía Nacional, acusados de un delito de falsedad en documento público a raíz de un episodio que, según Plataforma per la Llengua, tuvo como trasfondo la discriminación lingüística de una ciudadana que se expresaba en catalán. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de cuatro años de prisión.
Los hechos se remontan al 4 de marzo de 2022, cuando una profesora acudió a la comisaría de la Policía Nacional de Terrassa para realizar unas gestiones administrativas. Según el relato de la Plataforma per la Llengua, los agentes le habrían exigido en dos ocasiones que cambiara al castellano e, incluso, uno de ellos habría intentado impedirle la entrada a las dependencias policiales después de que la mujer saliera brevemente para hacer un trámite. El agente, siempre según la versión de la entidad, la habría increpado para que repitiera la hora de la cita en castellano.
Ante la situación, la profesora habría avisado de que estaba grabando la conversación. En ese momento, uno de los policías le habría quitado el teléfono móvil y la habría detenido por una supuesta falta de respeto a la autoridad. Posteriormente, los agentes incluyeron en el informe policial que la mujer se había negado a identificarse, motivo por el cual fue sancionada con dos multas: una de 100 euros por falta de respeto y otra de 601 euros por negativa a la identificación.
La Plataforma per la Llengua presentó una denuncia contra los dos agentes por coacciones, falsedad documental, detención ilegal y vulneración de la integridad moral. Tras la instrucción, el juzgado ha descartado la mayoría de los delitos, pero ha considerado que hay indicios suficientes para juzgarlos por falsedad en documento público.
El caso llega a juicio después de que la Audiencia de Barcelona permitiera a la profesora personarse como acusación particular, tras haber sido inicialmente considerada solo testigo.
Plataforma per la Llengua ha expresado su satisfacción por este paso judicial y ha subrayado que se trata de un caso que “pone en evidencia la vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en dependencias policiales”.