La justicia ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo que Leitat aplicó en 2024 y que afectó a 115 trabajadores. El juzgado de lo social número 1 de Terrassa ha dado la razón a la sesentena de empleados que llevaron el caso a los tribunales, al considerar que durante el proceso hubo defectos de información que impidieron una negociación real.
Entre los despedidos había trabajadores del centro de I+D Esteve WeLab, comprado por Leitat en 2020 y que posteriormente se decidió cerrar. Según la defensa de los demandantes, el centro tecnológico podría tener que afrontar salarios de tramitación, indemnizaciones y cotizaciones a la Seguridad Social por un importe de hasta 18 millones de euros.
El abogado de Galiber Legal, Tirso Garcia, alerta que la cifra podría ascender hasta los 30 millones si el resto de personas afectadas por el ERE que no participaron en el proceso judicial reclaman las mismas condiciones. “La nulidad tiene efectos universales”, ha apuntado.
El juzgado ve falta de información económica
La sentencia considera acreditado que la Asociación Acondicionamiento Tarrasense, que negoció el expediente, y la Fundación Leitat formaban parte de un grupo “patológico” de empresas. El juzgado también concluye que no se aportó toda la información económica necesaria con tiempo suficiente para que la representación de los trabajadores pudiera analizarla y negociar con garantías.
Las dos entidades comparten presidente y vicepresidente, y también promotores institucionales como la patronal Cecot y Acció, la agencia de competitividad del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.
El conflicto se arrastra desde principios de 2024, cuando Acondicionamiento Tarrasense comunicó la intención de iniciar un despido colectivo que inicialmente afectaba a 160 personas. Durante las reuniones de la comisión negociadora, los sindicatos reclamaron las cuentas anuales de la Fundación Leitat porque consideraban que formaba parte del mismo grupo empresarial.
Según recoge la sentencia, esta documentación se aportó tarde: las cuentas de un ejercicio se presentaron el 15 de marzo y el acuerdo del ERE se firmó el día 19, con “escaso tiempo” para estudiarlos y negociar su contenido.
Pérdidas en una entidad y beneficios en la otra
Uno de los puntos clave de la resolución es que la empresa habría justificado el despido colectivo con las cuentas de Acondicionamiento Tarrasense, que reflejaban 16 millones de euros de pérdidas, pero habría omitido las de la Fundació Leitat, que en el mismo ejercicio presentaba un beneficio de 6,1 millones.
La jueza concluye que no revelar la estructura societaria real durante la negociación impidió valorar correctamente la situación económica del conjunto del grupo. La sentencia subraya que solo con la documentación contable de todas las empresas implicadas puede existir una negociación efectiva durante el periodo de consultas.
El proceso terminó con un acuerdo que rebajaba el número de afectados de 160 a 115 y fijaba indemnizaciones de 30 días de salario con un tope de 12 mensualidades. Después, se cerró el centro WeLab, con el despido de 68 trabajadores de este espacio y 47 más de otros centros.
Leitat defiende que actuó correctamente
Leitat está analizando la sentencia antes de decidir los próximos pasos. Fuentes de la entidad defienden que actuaron “correctamente en el procedimiento” y sostienen que el ERE estaba justificado con un informe técnico elaborado por PwC y ejecutado por un despacho especializado en derecho laboral.
La entidad también recuerda que el expediente obtuvo informe favorable de la Inspección de Trabajo, que se firmó con el acuerdo de la mayoría de los miembros de la comisión negociadora y que fue avalado por una amplia mayoría de los trabajadores de la entidad.