El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha detectado 11.664 pisos turísticos que hasta ahora tributaban como viviendas particulares, a pesar de funcionar como negocios de alojamiento de corta duración. Es una de las revisiones más importantes realizadas hasta ahora en el padrón de la Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos (TMTR), y supondrá un cambio fiscal sustancial a partir de 2026, con una previsión de ingresos extra de cerca de 4 millones de euros anuales.
Según fuentes del AMB, la revisión se ha hecho a raíz de la actualización masiva de datos que cruza información urbanística, empresarial y municipal. El ente metropolitano considera que estos pisos turísticos generan un volumen de residuos y un impacto en los servicios públicos muy superior al de un hogar habitual, motivo por el cual debían asumir un tributo ajustado a su uso real.
La TMTR cubre parte del coste de tratar las 1.400 toneladas de basura anuales generadas por los municipios metropolitanos. Hasta ahora, muchos pisos turísticos —a pesar de funcionar con altas ocupaciones estacionales y rotación constante de visitantes— pagaban lo mismo que una familia residente.
Los ayuntamientos ven un primer paso, pero reclaman más herramientas
Diversos consistorios consultados en el marco del análisis de vivienda y turismo aseguran que la medida es “necesaria pero insuficiente”. Entre otros, reclaman:
- Más competencias para sancionar y cerrar HUT ilegales, que continúan siendo mayoría en algunos municipios del litoral.
- Más recursos para inspecciones, especialmente en temporadas de alta afluencia.
- Compensaciones por el impacto del turismo en el mantenimiento, la limpieza y la convivencia vecinal.
También recuerdan que la nueva ley catalana de vivienda obligará a reducir significativamente el número de HUT en los próximos años en áreas donde la AMB considera clave tener “un sistema tributario actualizado y justo”.
Un debate abierto sobre el modelo turístico
El reajuste fiscal llega en un momento en que Barcelona y diversos municipios metropolitanos están en pleno debate sobre el modelo turístico, con presión sobre la vivienda, que ha llevado a ayuntamientos como Barcelona o Badalona a plantearse moratorias o reducciones de HUT.
La AMB defiende que la medida es un paso más hacia un turismo más ordenado, sostenible y fiscalmente justo, y recuerda que solo afecta a los pisos legalizados. Paralelamente, estudia nuevos mecanismos para detectar actividad turística encubierta a través de plataformas digitales.