Este viernes por la mañana se ha llevado a cabo el desahucio de una mujer que vivía en una vivienda situada en el número 57 de la calle Tapioles, en el barrio de Poble-sec de Barcelona. El piso había sido ocupado el 8 de marzo de 2020 en el contexto de la campaña Fem Llars Feministes, impulsada por colectivos en defensa del derecho a la vivienda. La actuación ha provocado protestas ante el edificio, con la presencia de diversas entidades sociales que se oponían a la expulsión.
El Sindicato de Inquilinos ha denunciado que la propiedad actual del inmueble "no ha querido negociar ni darle más tiempo (a la mujer) para encontrar una alternativa de vivienda", a pesar de la situación de precariedad de la afectada. Según la organización, se habían intentado activar mecanismos legales para frenar el desahucio, incluyendo la presentación de un recurso para reconocer su situación de vulnerabilidad.
Desde el sindicato, sin embargo, critican que los criterios utilizados por las administraciones son insuficientes y no se ajustan a la realidad social actual. En este caso, explican que solo se ha tenido en cuenta la situación económica de la mujer, sin valorar otros factores, como la precariedad laboral o la dificultad de acceso a un alquiler asequible. La organización considera que los criterios vigentes son "absurdos y desactualizados" y no reflejan las condiciones reales del mercado inmobiliario. En un comunicado, el sindicato afirma: "Como muchas otras, Lizbet es considerada demasiado poco vulnerable para beneficiarse de las ayudas, pero también demasiado pobre, precaria y racializada para acceder a un alquiler".
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han señalado que **la mujer está siendo atendida por los servicios sociales municipales**. Según el consistorio, se le había ofrecido un alojamiento temporal de urgencia en Badalona, aunque finalmente la afectada ha optado por alojarse por su cuenta
A pesar de que el desahucio se ha acabado ejecutando, el Sindicato de Inquilinos defiende que la movilización ha tenido un impacto positivo. Consideran que el proceso "ha sido una victoria" en términos de concienciación y lucha colectiva, y remarcan que gracias a la ocupación se ha conseguido "sacar este piso de manos de la especulación durante seis años". Las entidades convocantes aseguran que continuarán presionando para cambiar los criterios de vulnerabilidad y evitar nuevos desahucios en situaciones similares.