Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el desahucio del antiguo Instituto B9 de Badalona, denunciando que no se puso en marcha un dispositivo de acogida residencial "real y suficiente". Así lo ha comunicado el partido mediante una nota de prensa, donde recuerda que la actuación fue autorizada por una jueza con "condiciones expresas", entre las cuales se encontraban el respeto al principio de proporcionalidad, la aplicación del protocolo municipal de atención a personas sin hogar y la prestación de una atención social efectiva, que incluía la oferta de recursos residenciales.
En este sentido, Podemos sostiene que estas condiciones no se han cumplido durante el proceso y alerta de que podrían haberse incurrido en posibles delitos como la omisión del deber de socorro, prevaricación administrativa y atentados contra la integridad moral.
Garantizar alternativas reales antes del desalojo
Desde el partido señalan con contundencia que "no se puede ejecutar" un desahucio sin asegurar "alternativas reales", sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales y resoluciones judiciales que imponen proteger a las personas más vulnerables. Esta posición pone énfasis en la necesidad de un despliegue adecuado de los recursos sociales antes de proceder a cualquier actuación de este tipo.
Situación crítica tras el cierre
Según Podemos, como consecuencia directa de la actuación municipal, varias personas alojadas en el B9 han quedado en una situación de "desamparo material". Estas se vieron forzadas a permanecer en la calle, expuestas a la intemperie durante los meses invernales, sin disponer ni de un alojamiento digno ni de los servicios básicos imprescindibles para garantizar la subsistencia, el descanso o las condiciones higiénicas mínimas.
Requisitoria de investigación judicial
Por estos motivos, la denuncia insta a abrir diligencias de investigación con el objetivo "de aclarar los hechos", depurar responsabilidades y ejercer las acciones penales pertinentes si procede. Esta demanda pone sobre la mesa la necesidad de que las instituciones responsables asuman sus obligaciones legales y sociales respecto a los colectivos más vulnerables afectados por el desalojo.
