La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Palafolls por una presunta inacción continuada ante un caso que la entidad califica de “maltrato reiterado y grave” en una masía del municipio. La organización denuncia que, a pesar de haber presentado cuatro denuncias con pruebas, el consistorio ha rehusado abrir un expediente sancionador y ha impedido el decomiso de los animales afectados.
El caso Spring: el origen de un conflicto que se alarga
FAADA recuerda que a principios de año hizo público el caso de **Spring**, una perra que —según la entidad— vivía **atada permanentemente en el exterior de la masía**, “sin refugio adecuado, sin atención veterinaria y expuesta a condiciones climáticas extremas". A pesar de las denuncias y el asesoramiento técnico ofrecido al Ayuntamiento, **la protección del animal no llegó por vía administrativa**, sino gracias a la mediación de una asociación local, que consiguió que el propietario cediera la perra.
Una vez rescatada, el diagnóstico veterinario fue contundente: “desnutrición, artrosis severa, garrapatas y una gran hernia inguinal que ponía en riesgo su vida".
FAADA denuncia nuevos casos en la misma finca
Según FAADA, una vez rescatada la Spring, otro perro ocupó su lugar, también atado de manera permanente y en condiciones “deplorables”. Después de este, dos perros más habrían aparecido en la finca en circunstancias similares. La entidad afirma que ha aportado fotografías, vídeos y testimonios que evidenciarían un maltrato “persistente y conocido” por parte de las autoridades locales.
En un comunicado, la entidad explica que el Ayuntamiento ha justificado su no intervención porque considera que disponer de comida, agua y una caseta es suficiente para garantizar el bienestar animal, una postura que FAADA tilda de “obsoleta y contraria a la normativa actual”.
El Ayuntamiento lo niega: inspecciones, informes y sanciones por falta de chip
El gobierno municipal, sin embargo, rechaza categóricamente las acusaciones. El concejal de Medio Ambiente, Aleix Freixa, asegura que el Ayuntamiento “ha hecho todo lo que podía hacer para dar respuesta a las quejas” y que el caso ha sido examinado por los Agentes Rurales, la Policía Local y los Mossos d’Esquadra, que han elaborado diversos informes técnicos.
Según Freixa, más allá del primer rescate llevado a cabo por la protectora local, no se ha detectado ningún indicio de maltrato porque —dice— “los perros no están atados todas las horas del día”. El Ayuntamiento confirma que sí se ha abierto un expediente al propietario, pero solo por infracciones administrativas relacionadas con animales sin chip, y no por maltrato.
“Todos los informes policiales y técnicos avalan que el resto está todo correcto”, afirma Freixa, que defiende que el consistorio “se ha actuado contundentemente cuando ha sido necesario”.
El choque de criterios: ¿qué es bienestar animal?
El conflicto entre FAADA y el Ayuntamiento evidencia diferencias profundas en la interpretación de la normativa. Mientras el consistorio considera suficiente garantizar elementos básicos como agua, comida y una caseta, FAADA insiste en que esto no implica bienestar real, sino que solo asegura la supervivencia mínima.
La entidad recuerda que los animales necesitan espacio para moverse, socializarse, un refugio adecuado y atención veterinaria continuada, y que mantenerlos atados de manera permanente —aunque no sea las 24 horas del día— es una práctica prohibida.
El caso llega a los tribunales
Ante la negativa del Ayuntamiento a abrir expedientes por maltrato o a decomisar los animales, FAADA ha decidido llevar el caso a la vía judicial. La entidad defiende que “la falta de actuación administrativa ante evidencias de maltrato no solo perpetúa el sufrimiento de los animales, sino que deja en evidencia la credibilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y garantizar el bienestar animal”.
El recurso contencioso-administrativo abre ahora una nueva fase en un conflicto que ha generado fuerte preocupación entre entidades animalistas, que consideran Palafolls un caso paradigmático del choque entre las exigencias de la normativa moderna de protección animal y los criterios de inspección por parte de las administraciones locales.
La causa continúa abierta mientras la finca sigue bajo seguimiento policial y administrativo.
