El Ayuntamiento de Barcelona ha ingresado menos del 20% del importe de las multas interpuestas por infracciones de las normativas de convivencia, civismo, medio ambiente, vía pública y seguridad ciudadana durante 2023 y 2024. Lo ha adelantado 'El Periódico' y lo han confirmado a la ACN fuentes municipales.
En concreto, el Ayuntamiento cursó 136.217 expedientes, valorados en 30,4 millones de euros. Hasta principios de este 2025, se habían cobrado 68.699 amonestaciones valoradas en 13,4 millones de euros. Una vez aplicados los descuentos pertinentes, esta cifra se ha reducido a 5,1 millones, lo que supone el 16% del total. Todo ello se desprende de un informe de la comisión técnica que el ejecutivo creó en 2023 para actualizar los procedimientos sancionadores.
Este órgano ha planteado varias acciones para revertir la situación que fuentes municipales han indicado que se están estudiando.
Entre las medidas propuestas se encuentra la de aumentar el coste de la sanción en ciertas infracciones, prever penalizaciones adicionales para reincidentes y, en caso de que el infractor sea una empresa, modular el precio de la amonestación según su tamaño. También ha planteado la idea de retocar la Carta Municipal de Barcelona —una revisión que actualmente se está tratando en el Parlamento— para facultar al ayuntamiento a "embargar cuentas corrientes y bienes fuera del municipio" para "aumentar la eficacia recaudatoria de las sanciones y, por tanto, su efecto disuasorio".
El comité técnico también ha advertido de las dificultades para percibir las multas de turistas y personas de paso por Barcelona. Entre 2023 y 2024, se atribuyeron 22.499 multas a residentes de otros países, de las cuales se pagaron 5.989, solo el 26,61%.
Nueva ordenanza de civismo
El Ayuntamiento de Barcelona ha recordado que la propuesta de modificación de la ordenanza de civismo del ejecutivo del alcalde Jaume Collboni ya plantea algunas de estas medidas. Por un lado, propone que las bonificaciones del 65% o 75% en las multas por pago anticipado caigan al 40% y al 50%.
Además, abre la puerta a que se encarezcan algunas sanciones, como en el caso de orinar en la calle (escala de 300 a 750 euros en ciertos supuestos) o beber en la calle (de 750,01 a 1.500 euros si se practica en presencia de menores).
