Barcelona endurece la ordenanza de civismo: multas de hasta 3.000 euros y cobro inmediato a los turistas
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes la modificación de la ordenanza de civismo, vigente desde hace 20 años, con los votos favorables del gobierno municipal, Junts y ERC. El PP se ha abstenido, mientras que BComú y Vox han votado en contra. El acuerdo llega tras un pacto reciente entre el ejecutivo socialista y las dos formaciones independentistas para actualizar una norma considerada obsoleta ante las nuevas dinámicas de convivencia en la ciudad.
La reforma introduce nuevas conductas incívicas y un endurecimiento generalizado de las sanciones. Destacan multas de hasta 3.000 euros por las rutas alcohólicas o pub crawling, prohibidas en toda la ciudad las 24 horas, y sanciones de hasta 1.500 euros por los botellones en zonas con presencia de menores o que puedan incitar al consumo de alcohol a los menores. El consumo de alcohol en la calle que perturbe la tranquilidad ciudadana se castigará con multas de hasta 600 euros
Una de las principales novedades es la aceleración del cobro de las multas, especialmente a los turistas. La Guardia Urbana dispondrá de datáfonos para cobrar las sanciones al momento a las personas de fuera del Estado. En el caso de los residentes en España, los agentes solo podrán cobrar inmediatamente las infracciones leves. El texto también refuerza los mecanismos para la detección de reincidentes.
La ordenanza incluye agravantes en determinadas conductas. Orinar en la calle se puede sancionar con hasta 750 euros cuando se haga cerca de lavabos públicos, establecimientos de concurrencia pública o en calles estrechas. También se tipifican y sancionan actos que atenten contra la libertad y la indemnidad sexual, como el exhibicionismo o la masturbación en espacios públicos.
En materia de pintadas, la reforma prevé multas de hasta 600 euros por hacerlas en espacios no autorizados y penaliza también a quien las promueva, favorezca o colabore. Además, el infractor deberá asumir el coste de la limpieza o reparación del espacio afectado, al margen de la sanción económica.
El nuevo texto incorpora un enfoque social más amplio. Incluye la aporofobia como eje discriminatorio, reduce de doce a seis meses los informes de evaluación de la ordenanza y recoge el compromiso de ampliar las medidas alternativas a la sanción, así como de trabajar para prohibir la promoción del consumo de productos cannábicos ilegales en el espacio público. De las 202 alegaciones presentadas, se han aceptado total o parcialmente un 34%.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la nueva ordenanza es “progresista” porque “protege a quien más sufre el incivismo”, como los barrios populares o el comercio de proximidad. Ha asegurado que las sanciones “no son incompatibles” con las políticas sociales y ha subrayado el consenso alcanzado: “La convivencia no depende de un solo color político”, ha dicho, añadiendo que el acuerdo da “seguridad jurídica y continuidad en el tiempo”.
En la misma línea, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha afirmado que la reforma se ha hecho “con el máximo consenso posible” y que “combina de forma equilibrada” el endurecimiento de las sanciones con el refuerzo del cobro efectivo y la “mirada social”. “El objetivo no es sancionar más, sino reducir el incivismo y garantizar una mejor convivencia”, ha remarcado.
Desde Junts, su presidente municipal, Jordi Martí, ha asegurado que están “razonablemente satisfechos con el objetivo alcanzado” y ha pedido al gobierno que haga cumplir la norma para poner fin al “descontrol” en la ciudad. “Esperamos que la voluntad de ganar votos no vaya en detrimento de la aplicación efectiva de la ordenanza”, ha advertido.
El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha defendido que había un consenso “político y social” para actualizar una norma que había quedado obsoleta. “Quizás no es perfecta, pero seguro que es mejor que la que teníamos, de difícil aplicación y que sancionaba también a personas en situación de vulnerabilidad”, ha afirmado, destacando la inclusión de mediación y medidas alternativas “pedagógicas”.
Las críticas han venido principalmente de BComú y Vox. El concejal de los comunes, Marc Serra, ha calificado la reforma de “muy continuista” y ha advertido que “no funcionará”, ya que, según él, la mayoría de sanciones recaen en personas vulnerables. Vox ha tildado el texto de “operación cosmética” y ha asegurado que llega “tarde y mal”.
El PP, que se ha abstenido, ha puesto en duda que la nueva ordenanza sea un “punto de inflexión”. Su líder municipal, Daniel Sirera, ha afirmado que “Barcelona necesita autoridad, orden y resultados” y ha avisado de que subir las multas no servirá de nada si después no se cobran
