La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha validado el decreto emitido por el fiscal general del Estado el 13 de diciembre de 2024, que impuso una sanción económica de 800 euros a una abogada fiscal de Barcelona. La pena se ha aplicado por la comisión de una infracción disciplinaria grave, concretamente por haber difundido a la prensa un borrador de una sentencia que había conocido en el ejercicio de sus funciones.
Esta resolución judicial condena a cinco años de prisión a un hombre acusado de haber violado a otra persona en una sala oscura de una discoteca gay situada en Barcelona.
Desestimación del recurso y argumentos del tribunal
El Supremo ha rechazado íntegramente el recurso presentado por la fiscal sancionada, quien defendía la existencia de infracciones formales en el procedimiento administrativo seguido, así como vulneraciones sustantivas.
La denunciante sostenía que la filtración no había vulnerado la presunción de inocencia y que existían indicios insuficientes para atribuirle responsabilidad, aduciendo también que existían elementos importantes que podrían descargarla y plantear hipótesis alternativas creíbles.
Hechos probados según la resolución sancionadora
De acuerdo con los hechos acreditados en la decisión administrativa, el magistrado ponente de la Audiencia Provincial de Barcelona incorporó el borrador de sentencia al sistema informático el 5 de febrero de 2024. Posteriormente, el 9 de febrero, la fiscal solicitó a una funcionaria del Ministerio Fiscal local consultar este documento, que fue impreso advirtiendo que aún no estaba firmado ni notificado ni a la Fiscalía ni al procurador implicado.
A continuación, la fiscal transmitió telefónicamente a la acusación particular información sobre el contenido provisional del sumario correspondiente al delito de agresión sexual ocurrido en 2020 contra un hombre. Una vez transcurrida aproximadamente una hora y cuarto después de aquella consulta, un diario digital publicó íntegramente esta sentencia borrador.
Reacciones judiciales y rectificación periodística
El órgano judicial competente emitió inmediatamente una providencia informando a las partes implicadas de que no se había dictado sentencia formalmente dentro del proceso. Ante esto, mediante comunicación pública, el portal web responsable de la publicación reconoció el error y aclaró que se trataba solo de una propuesta formulada por el ponente y no de una decisión definitiva.
Evaluación final del Tribunal Supremo
Al valorar los elementos aportados durante todo el procedimiento sancionador, el Tribunal Supremo considera suficientemente fundamentada “la acurada y adecuada valoración probatoria” realizada por el fiscal general al aplicar esta sanción disciplinaria.
