La Audiencia de Barcelona tiene previsto iniciar el juicio, el próximo miércoles, contra un entrenador de baloncesto de Hospitalet de Llobregat acusado de haber mantenido relaciones sexuales con tres jugadoras menores de edad. Las víctimas tenían entre 14 y 15 años cuando se produjeron los hechos.
Según el relato presentado por la fiscalía, durante la temporada deportiva 2017-2018, el acusado, que tenía entonces 20 años, entrenaba a un equipo femenino formado por chicas de alrededor de catorce años en el Centre Catòlic de l'Hospitalet. Las jugadoras mantenían una relación cercana con él y valoraban positivamente su labor como técnico.
Ante esta confianza, durante la Semana Santa del 2018, cuando el equipo participó en un torneo en Coma-ruga (El Vendrell), alojados en un hotel, se produjo el primer incidente denunciado. La última noche, el entrenador envió un mensaje vía Whatsapp a una jugadora para que fuera a su habitación. Allí le ofreció ron con cola, que la menor consumió hasta una o dos copas. Este consumo le provocó un estado de semiinconsciencia que le impidió recordar los hechos hasta la mañana siguiente.
Aprovechando esta situación, según apunta la fiscalía, el entrenador le practicó sexo oral y vaginal mientras ella dormía. A la mañana siguiente, pese a que todavía estaba mareada y tenía dificultades para caminar, él le habría pedido que volviera a su habitación y que no contara nada a nadie.
Asimismo, desde abril del mismo año se intercambiaban mensajes por Whatsapp con otra jugadora. En junio, ella aceptó ir al domicilio del joven donde mantuvieron diversas formas de intimidad: besos, masturbación mutua, sexo oral recíproco y penetración vaginal por parte del acusado.
Por otro lado, desde mayo se comunicaba también con una tercera menor de quince años. Durante el mes de julio la invitaba dos veces a su casa donde se produjeron relaciones sexuales.
Por estos motivos, la fiscalía solicita una pena total de 43 años y medio de prisión por cuatro delitos de agresión sexual contra menores de edad. Además pide prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas durante periodos entre seis y doce años superiores al tiempo condenado en prisión; inhabilitación profesional para trabajar con menores durante doce años; diez años más bajo libertad vigilada; así como indemnizaciones conjuntas con la aseguradora y el centro responsable civil subsidiario que suman 24.000 euros.
