La comisión legislativa de Economía ha concluido este jueves el análisis y el debate sobre el proyecto de ley que regula el régimen jurídico de los contratos de arrendamiento de vivienda destinados a residencia habitual y permanente durante el periodo 2027-2030. En esta sesión definitiva, el grupo parlamentario Demócrata ha puesto sobre la mesa una propuesta centrada en modificar el artículo 1, con enmiendas presentadas por los grupos de Concordia y del PS, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control público cuando un propietario decida finalizar un contrato para destinar el inmueble a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
Doble control administrativo para evitar abusos
Para impedir posibles usos fraudulentos —llamados popularmente como “la trampa del hijo”—, desde el grupo demócrata se ha propuesto que esta facultad del propietario esté sometida a un doble control administrativo. Este consistiría, primeramente, en una verificación previa antes de la finalización efectiva del contrato, donde habría que confirmar que la vivienda se cede realmente a un familiar hasta el segundo grado. En este sentido, la parte arrendataria debería comunicarlo formalmente al Gobierno aportando toda la documentación requerida.
Además, se establece un segundo control posterior a la extinción del contrato. En esta fase, la parte propietaria debería presentar documentos acreditativos como un certificado municipal que confirme el censo o las altas a los suministros básicos para corroborar que efectivamente vive la persona comunicada previamente.
Rechazo opositor y aprobación parcial
Sin embargo, esta iniciativa de doble supervisión administrativa ha sido rechazada por todos los grupos políticos situados en la oposición. Por lo tanto, este artículo mantiene el mecanismo original vigente en comisión: solo contempla un control posterior a la finalización del contrato e incluye un endurecimiento en las sanciones aplicables.
Por otro lado, sí que ha prosperado una enmienda presentada por el grupo Andorra Endavant, aprobada con los votos favorables del Grupo Parlamentario Demócrata (GPD). Esta modificación prohíbe expresamente que las personas no residentes puedan utilizar viviendas residenciales para llevar a cabo actividades económicas. Este tipo de actividades deberán desarrollarse exclusivamente en locales comerciales, espacios coworking u otros inmuebles específicamente destinados a usos económicos.
Siguientes pasos y valoraciones finales
Ahora que se ha cerrado el texto legal en comisión, será sometido al pleno del Consell General. El grupo demócrata defiende que se trata de una normativa equilibrada y justa fruto de un proceso participativo prolongado durante más de un año. Además subrayan que esta ley asegura una desintervención progresiva y escalonada de los contratos de alquiler hasta el 2030, garantizando protección a los inquilinos y evitando incrementos abusivos en los contratos vigentes.
