Las iniciativas impulsadas por las administraciones para fomentar la construcción de pisos de alquiler a precio asequible o regulado continúan topándose con una realidad incómoda: la dificultad de que el sector privado vea un interés real. Los últimos intentos de Andorra la Vella lo evidencian, con concursos declarados desiertos, proyectos reformulados y procedimientos que se alargan en el tiempo sin resultados claros en un momento en que los pisos ya hace tiempo que deberían estar en el mercado, pero se van demorando.
Uno de los casos más recientes es el proyecto de Terra Vella, donde el Comú ha tenido que cambiar de estrategia después de que el concurso inicial para la concesión quedara desierto porque la única propuesta presentada no cumplía los requisitos del pliego. Ahora, la corporación ha optado por un procedimiento negociado con publicidad, con el objetivo de hacer más atractiva la iniciativa para los promotores. Este tipo de adjudicaciones parten de un pliego de bases, pero no son estrictas como los concursos habituales, sino que el Comú puede negociar cara a cara con las empresas que se han presentado y rebajar sus expectativas o cambiar aspectos que previamente se habían puesto en el pliego para conseguir el éxito en el concurso.
El proyecto prevé la construcción de entre 40 y 50 viviendas de alquiler a precio regulado, con un modelo de gestión mixto: una parte de los pisos será gestionada directamente por el Comú y otra por el concesionario privado. Los precios máximos se sitúan en 825 euros mensuales para los pisos de dos dormitorios y 1.000 euros para los de tres, y la concesión tendrá una duración de hasta 50 años, al final de los cuales el edificio pasará a manos comunales.
Según explicó el cónsul mayor, Sergi González, el Comú continúa apostando por la colaboración público-privada porque considera que las respuestas a la crisis de la vivienda deben ser compartidas. En esta línea, en los últimos meses se han mantenido conversaciones con empresas del sector para ajustar determinados aspectos del pliego y reforzar la seguridad jurídica y financiera del proyecto.
Este escenario, sin embargo, no es nuevo. Ya durante el mandato anterior, con Conxita Marsol al frente del Comú, se habló públicamente de la posibilidad de impulsar vivienda asequible en zonas como el Cedre, pero el proyecto no llegó a materializarse en un concurso formal. Fuentes comunales de la época admitían que el modelo estaba en fase de estudio y que las conversaciones con promotores no acabaron generando ninguna propuesta positiva, lo que apunta a una falta de interés del sector privado en las condiciones planteadas por el estado previo que presentaba el terreno a edificar. Aquel mismo edificio, esta vez con un proyecto impulsado por Govern y la corporación actual, también ha topado con un concurso público que no ha acabado cuajando
A esta situación se suman otras experiencias recientes, como el programa Reviu, donde alguno de los concursos para rehabilitar pisos también ha quedado desierto. Un patrón que se repite y que pone sobre la mesa una cuestión de fondo: los objetivos del sector público y del privado a menudo no coinciden.
Mientras las administraciones buscan invertir en vivienda sin disparar el gasto público, limitar riesgos y garantizar precios asequibles, los promotores privados tienden a priorizar la rentabilidad y el margen de beneficio. Esta tensión hace que encontrar un punto de equilibrio sea complejo y que muchos proyectos queden encallados antes de salir adelante.
El caso de Terra Vella es ahora una nueva prueba de fuego. Las empresas interesadas tienen hasta el 27 de marzo de 2026 para presentar sus ofertas. El resultado del procedimiento servirá para comprobar si los ajustes introducidos por el Comú son suficientes para hacer viable una colaboración que, sobre el papel, todo el mundo defiende, pero que en la práctica continúa generando reticencias. El tiempo apremia, sin que las soluciones en forma de vivienda a precio regulado ayuden a destensar la situación de la vivienda en el país.
