En los últimos años ha habido un crecimiento sustancial del personal adscrito a la administración pública, en parte, fruto del aumento demográfico y de la necesidad de modernizar los servicios públicos del país, especialmente los relacionados con la salud, la educación y, más recientemente, la vivienda. Ahora bien, otra parte que explica este crecimiento, según el consejero general de Concòrdia Pol Bartolomé, es la inercia expansionista de la administración del Estado, mediante la creación y ampliación de estructuras públicas que, a menudo, superponen sus funciones. Y, últimamente, también con un incremento exponencial de cargos de designación política y de personal de relación especial. El conjunto hace que el gasto de personal de la administración en el presupuesto de este año 2025 sea de 164 millones de euros, lo que representa alrededor de un 25% del presupuesto global del Estado (688 millones de euros), cuando hace tan solo cinco años el peso del capítulo 1 del presupuesto era de 90 millones de euros.
Por todo ello, y subrayando la necesidad de promover un modelo de estabilidad presupuestaria a largo plazo, Bartolomé ha formulado una serie de preguntas para conocer qué previsión de contrataciones públicas ha hecho el Gobierno hasta el final de la legislatura. El consejero general de Concòrdia quiere saber los detalles del volumen actual del cuerpo de funcionarios de Andorra (distribución por ministerios, media de edad, total de trabajadores adscritos a las diferentes parapúblicas, jubilaciones previstas...) y su proporcionalidad respecto al número de trabajadores asalariados, así como el volumen total de personal adscrito a la administración comunal. El objetivo es saber qué peso tendrán, en el futuro, los incrementos salariales acordados recientemente.
Desde el grupo parlamentario se considera que sería necesario iniciar una reflexión transversal y honesta sobre el futuro del sector público de Andorra, partiendo de la voluntad de promover un presupuesto equilibrado y de superávit, cumpliendo, así, con el deber de encontrar un equilibrio estable entre la provisión de unos servicios públicos de calidad y el mantenimiento de un presupuesto equilibrado. Pol Bartolomé recuerda que “el mayor riesgo para las finanzas públicas del Estado hace referencia al despliegue de una estructura administrativa que convierte ingresos extraordinarios (los provenientes de la especulación inmobiliaria y el aumento poblacional) en gasto ordinario”.