La ley cualificada de protección civil, aprobada en julio de 2022, establecía un plazo de tres años para aprobar el Plan territorial nacional y el mapa de riesgos. Teniendo en cuenta que el plazo venció el pasado julio, el grupo parlamentario de Concòrdia pide más celeridad con la elaboración de estos documentos, imprescindibles ante los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes.
Además, mientras el Centro Nacional de Emergencias y el servicio único de atención de llamadas de emergencia, el 112, no estén plenamente operativos, se propone que se impulsen campañas informativas y simulacros dirigidos al conjunto de la población, para saber cómo actuar en aquellas emergencias más probables en Andorra, como desprendimientos, terremotos, incendios o inundaciones. El objetivo es dotar a la ciudadanía de conocimientos básicos de prevención y autoprotección, de manera que cuando se activen los planes y protocolos definitivos todo el mundo tenga la información necesaria para actuar.
La consejera general Maria Àngels Aché ha formulado un conjunto de preguntas para saber en qué punto se encuentra la elaboración del Plan territorial nacional y el mapa de riesgos, especialmente en lo que respecta a la identificación de zonas inundables. En este sentido, quiere conocer qué documentos técnicos y cartografías de zonas de riesgo de inundabilidad están disponibles en la actualidad. Y también cuándo prevé el Gobierno poner a disposición de los comunes los mapas de zonas inundables, teniendo en cuenta que son una herramienta esencial para la elaboración de los Planes de Ordenación y Urbanismo Parroquial (POUP).
Finalmente, en lo que respecta al Centro Nacional de Emergencias y el teléfono 112, Aché también pide la previsión temporal con la que trabaja el Ejecutivo, para su plena puesta en funcionamiento.