El juicio por el caso del fraude en los exámenes teóricos del permiso de conducir de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa ha comenzado este lunes con las declaraciones de dos testigos después de que el diciembre pasado el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Tarragona declarase nulas partes de las escuchas telefónicas y registros hechos en la reapertura del caso en 2012. En la vista de hoy, ha declarado una trabajadora de estas autoescuelas que ha explicado que hacían formaciones intensivas los fines de semana. "Los chinos no entraban en la autoescuela, pero se examinaban a través del centro", ha admitido. Los once acusados se enfrentan a penas de entre 4 y 22 años de prisión por los delitos de fraude, soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal.
La testigo ha explicado que hace unos quince años que trabaja para las autoescuelas, primero en la del Temple de Tortosa y, actualmente, en la de Roquetes. Su jefe es uno de los acusados de la trama que se juzga. En su declaración, la trabajadora ha indicado que ella sólo se encargaba de tramitar la documentación de los aspirantes a sacarse el carné de conducir y ha asegurado que no hablaba con los alumnos ni les daba el material para prepararse el examen teórico. "¿Quién se encargaba de dar el material? No lo sé", ha respondido a preguntas de la fiscal. La testigo no recordaba muchas de las cuestiones preguntadas por el ministerio público.
En su intervención, también ha explicado que desde los centros ofrecían dos tipos de cursos, el general y el intensivo. En este caso, ha detallado que se hacían clases de 8 de la mañana a las 9 de la noche los viernes, sábados y los domingos. Concretamente, formaciones teóricas y test con el objetivo de preparar a los alumnos para la prueba teórica. Asimismo, ha declarado que uno de los investigados era quien impartía las clases.
Después de reproducirse diversas conversaciones telefónicas, que forman parte de las escuchas admitidas en el juicio, entre las cuales participaba, la testigo ha reconocido que había cobrado a los aspirantes las tasas del curso, de unos 350 euros. Con todo, ha dicho que no recordaba cuándo se les cobraba a los alumnos "nacionales".
A preguntas de uno de los abogados de la defensa, la testigo ha matizado que los chinos que no entraban en las autoescuelas eran los que venían de otros centros a examinarse en Tortosa. "Los chinos de aquí sí que venían a hacer test", ha respondido. También ha declarado que no todos los chinos aprobaban los exámenes y que no había una "gran diferencia" entre las horas de estudio de los cursos intensivos y los generales.
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a la testigo el 12 de julio de 2012 cuando hicieron un registro en la autoescuela Temple de Tortosa. "No he preguntado nada -después de la detención-, he seguido trabajado allí, fue muy fuerte, y no he preguntado nada sobre esto", ha respondido a la fiscal.
En la primera jornada de declaraciones, también ha intervenido el trabajador que se encargaba de transportar en autobús a los aspirantes desde el País Valencià a Tortosa. El hombre ha explicado que llevaba personas de todas las nacionalidades y "bastantes" de chinos, aunque no ha especificado el número. "Hablé poco con ellos porque dormían durante el trayecto. Yo llevaba un sobre con las tasas y documentación de los alumnos", ha afirmado. Con todo, ha señalado que el sobre estaba cerrado y que se lo daba a un hombre de la autoescuela, de quien no ha recordado el nombre.
El testigo ha explicado que el 12 de julio de 2012 los Mossos detuvieron el mini autobús que conducía mientras volvía una quincena de personas que acababan de hacer los exámenes teóricos en Tortosa. "Nos pararon y detuvieron, eran unos quince, la mayoría eran chinos", ha comentado. Ha asegurado que no se produjo ningún incidente y que nadie se enfadó cuando los mossos les pararon. En su declaración, ha argumentado que llevaban a los alumnos desde el País Valencià porque en este territorio habían cambiado los modelos de exámenes. "La autoescuela fue a las provincias de alrededor porque mantenían el mismo modelo de antes", ha añadido.
Fiscalía y las defensas han renunciado a varios testigos en la sesión de este lunes. El juicio se alargará hasta principios de octubre cuando está previsto que declaren los investigados.
La trama
Según el ministerio público, la autoescuela ofrecía cursos intensivos para conseguir el aprobado del examen teórico del permiso de conducir, los cuales coincidían, íntegramente, con los que días después hacían en la prueba oficial de la DGT. Estos hechos tuvieron lugar desde 2006 hasta 2012. Según aseguran, muchos de los nuevos clientes provenían de otras comunidades autónomas o personas sin ningún conocimiento de catalán, castellano, ni de ningún otro idioma europeo. A pesar de todo, aprobaban. También se habían dado casos de personas con disminución psíquica a las cuales se les había denegado previamente el certificado de aptitud que lo habían acabado obteniendo y aprobando.
Fiscalía también apunta que los tests originales de los exámenes de la DGT eran obtenidos a través de la editorial valenciana AEOL. Los administradores de esta empresa los conseguían, supuestamente, sobornando a los funcionarios de la DGT de Tarragona encargados de las pruebas que se efectuaban en Tortosa y los vendían a la autoescuela por 3.000 euros cada documento. Los responsables del centro de enseñanza los recortaban y camuflaban los contenidos para que los alumnos no se dieran cuenta.
Parte de los beneficios obtenidos con su actividad eran transmitidos a miembros del núcleo familiar con el fin de aparentar una menor solvencia económica ante la Agencia Tributaria. Además, y para ocultar el patrimonio ilícito, adquirían vehículos de alta gama, bienes inmuebles y concedían créditos familiares.
Nulidad de las escuchas y registros
En diciembre de 2024, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Tarragona declaró nulas algunas de las investigaciones policiales de este caso que se plantearon en las cuestiones previas. Entonces, las defensas cuestionaron la validez de las intervenciones telefónicas y diligencias hechas cuando se reabrió la investigación en 2012.
Penas de entre 4 y 22 años de prisión
Actualmente, el abogado del Estado y el ministerio público son la única acusación que sigue en la causa después de la retirada de la Asociación de Autoescuelas de las Terres de l'Ebre, que inicialmente impulsó el caso. Los tres presentaron sus escritos de acusación en 2017. Las acusaciones públicas mantienen sus peticiones.
Para la pareja propietaria de las autoescuelas piden penas de prisión que van de los 13 años de la Fiscalía a los 22 años de la abogacía del Estado. La fiscal les acusa de los delitos de fraude, soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal a excepción del propio de los funcionarios públicos y les atribuye individualmente seis contra la Hacienda Pública a cada uno. También les reclama multas de cerca de nueve millones de euros en total.
Dentro del núcleo dirigente de la trama se sitúa también el hijo de ambos, por quien Fiscalía solicita 11 años de prisión y una multa de más de 1,3 millones de euros por los mismos delitos a excepción del contrario a la hacienda pública. De acuerdo con el ministerio público, los beneficios que consiguió el matrimonio como propietarios de la autoescuela eran "transmitidos a miembros del núcleo familiar" para blanquearlos y les atribuye, además, haber defraudado 2,4 millones de euros a la Agencia Tributaria.
Así, también están acusados de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal la mujer del hijo, la madre de la propietaria, así como la hija del matrimonio. Fiscalía pide para ellos nueve años de prisión y multas entre los 500.000 y más de 700.000 euros. Al trabajador de la autoescuela y responsable de los cursos teóricos, se le acusa de soborno y grupo criminal, por los cuales le piden seis años de reclusión.
Para los dos administradores de AEOL, la fiscal pide cuatro años y medio de prisión y multa de 20 meses como acusados de presuntos delitos continuados de soborno. En el caso de los examinadores, al delito continuado de soborno se le añade el de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En global, la petición para ellos es también de cuatro años y medio de prisión, inhabilitación para trabajo o cargo público durante quince años. Según Fiscalía, ellos eran los responsables de custodiar, trasladar y seleccionar los exámenes que se hacían en Tortosa, donde también supervisaban la prueba.