El Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya ha anunciado una inversión total de 4.451.345,40 euros destinada a ejecutar obras de reforma, adecuación y mejora en los centros educativos públicos ubicados en las Terres de l’Ebre. Este programa se ha presentado este jueves en Tortosa por parte de Montserrat Duran Tauleria, directora general de Centros Públicos del departamento.
Duran ha explicado que esta iniciativa forma parte de un plan extraordinario con el objetivo principal de optimizar el estado estructural y funcional de los edificios escolares, así como alargar su vida útil. En concreto, los 52 municipios ebrenses beneficiarios recibirán un pago anticipado que cubre el 100% de los importes asignados para estas actuaciones.
Criterios objetivos para la distribución de los fondos
La asignación económica se determina según diversos parámetros cuantitativos. Entre estos destaca el número de alumnos matriculados entre los 3 y 12 años en centros públicos titularidad del Departamento de Educación. También se tiene en consideración la antigüedad de los edificios escolares: se otorgan 37.300 euros por cada centro construido o rehabilitado antes de 2007, excluidos aquellos que sean modulares o dispongan ya de un acuerdo gubernamental para nueva construcción.
Además, el programa incorpora un factor específico relacionado con la ruralidad de los municipios; los reconocidos como rurales recibirán una aportación adicional situada entre los 6.000 y 10.000 euros, según su clasificación oficial, junto con un incremento de 130 euros adicionales por alumno escolarizado.
Líneas principales de actuación subvencionables
Dentro del marco del programa se contemplan diversas intervenciones: reformas generales y mejoras arquitectónicas, sustitución de elementos obsoletos como cubiertas, carpinterías, calderas o instalaciones sanitarias (lavabos), así como espacios comunes como cocinas o comedores. También está prevista la incorporación de medidas destinadas a incrementar la eficiencia energética y accesibilidad en los centros.
Asimismo, se prevé la retirada progresiva del fibrocemento —un material considerado perjudicial— con el objetivo de garantizar entornos escolares más seguros, sostenibles y cómodos para el conjunto de la comunidad educativa.
