Una funcionaria de la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), ha denunciado un supuesto caso de acoso laboral por parte del director del centro penitenciario. Según ha explicado el sindicato UGT a la ACN, el director habría incumplido los protocolos internos al ordenar un seguimiento con las cámaras de vigilancia a la trabajadora por sospechas de que podía introducir droga o teléfonos móviles en la prisión.
Según la denuncia sindical, el director no habría abierto ningún expediente, tal como establece el procedimiento habitual, y habría “castigado” a la funcionaria prohibiéndole el acceso a la zona interna del centro, asignándole tareas únicamente en los accesos.
El Departamento de Justicia ha confirmado que ha recibido la queja y que está llevando a cabo las actuaciones oportunas para aclarar los hechos.
Seguimiento con cámaras sin expediente previo
UGT asegura que el seguimiento a través de videovigilancia se inició hace aproximadamente siete meses sin la tramitación de un expediente formal. El sindicato recuerda que, según el protocolo interno, ante sospechas de actividades delictivas por parte de un trabajador se debe abrir una investigación formal que debe ser asumida por los servicios de inspección del Departament de Justícia y los Mossos d’Esquadra.
En este caso, siempre según el sindicato, no se habría seguido este procedimiento y el director habría ordenado a trabajadores interinos y personal no funcionario que vigilaran a la funcionaria a través de las cámaras de seguridad.
Un episodio de tensión en el despacho de dirección
Hace unas tres semanas, la trabajadora pidió hablar con el subdirector del centro por una cuestión laboral. Según UGT, al entrar al despacho también estaba el director, que habría cerrado la puerta y habría “arrinconado, abalanzarse y acusar” a la funcionaria de mantener una relación sentimental con un interno y de facilitarle drogas o teléfonos móviles, prohibidos en el centro.
El sindicato asegura que el director le gritó durante aproximadamente una hora y la amenazó con “castigarla”, cosa que posteriormente se habría materializado con su rechazo de la zona interna del centro penitenciario.
Investigación abierta por Función Pública
Ante estos hechos, la trabajadora, con el apoyo sindical, ha activado el protocolo de acoso laboral por razón de género ante la Dirección General de Función Pública de la Generalitat, que depende del Departamento de Presidencia.
Función Pública ha abierto un expediente y ha empezado a tomar declaraciones a los implicados y a varios testigos. Una vez finalizadas las diligencias, se elaborará un informe que se trasladará al Departamento de Justicia, que deberá determinar las posibles medidas a adoptar.
