El juzgado Contencioso número 15 de Barcelona ha declarado que las bases del concurso público del Ayuntamiento de Vic donde se exigía un nivel de catalán B2 para optar a una plaza de operario en el cementerio son nulas. Según ha adelantado 'El Mundo' y ha confirmado la ACN, la sentencia considera que el nivel de catalán exigido es demasiado alto y pide al consistorio que vuelva a convocar la oposición y requiera a los candidatos el nivel básico A2. El juez considera que pasar a pedir el B2 genera una barrera de acceso con un efecto "excluyente". Y añade que esto consiste en una discriminación "por razones de lengua". Por su parte, el alcalde, Albert Castells (Junts), ha asegurado que recurrirán la sentencia y ha denunciado que se trata de un "ataque" a la lengua.
En la sentencia a la que ha tenido acceso la ACN, se defiende que el puesto de trabajo es "eminentemente" manual, "sin exigencias propias de interacción lingüística compleja". El texto se refiere a una sentencia anterior sobre la acreditación del conocimiento de catalán en los procesos de selección de personal en la administración pública donde se estipula que la acreditación del conocimiento del catalán debe hacerse de acuerdo con las funciones de los puestos que se ocupen.
Esta sentencia surge en respuesta a una demanda que presentó la entidad Convivencia Cívica contra este proceso de selección del Ayuntamiento de Vic. Cuestionaban el nivel demasiado alto de lengua catalana que se exigía para concursar en la oposición de operario en el cementerio y mantenimiento. El juez, que les da la razón, también establece que el Ayuntamiento deberá pagar 1.000 euros en concepto de costas.
"Obcecación" contra la lengua
Por su parte, el alcalde de Vic, Albert Castells, ha dicho estar "sorprendido" de la "obcecación" contra la lengua catalana y contra el Ayuntamiento de Vic. Para Castells, la política lingüística del consistorio "no es nada más" que defender la lengua de la ciudad. En declaraciones a los medios, el alcalde ha añadido que el catalán ha sido el "pilar fundamental" de la cohesión social y la convivencia en la ciudad.
Castells ve la sentencia como un "ataque", no solo a la lengua, sino también hacia el Ayuntamiento, ya que el objetivo del consistorio es garantizar que todos los habitantes de Vic puedan dirigirse a él en su lengua. El hecho de que este elemento de cohesión sea "atacado", ha dicho Castells, "nos preocupa y nos indigna profundamente".
Es por eso que el consistorio, tras analizar detalladamente la sentencia, "por voluntad política", recurrirán "hasta la última instancia".
Cambiar el foco
Sobre si es necesario exigir un nivel B2 o A2 a los funcionarios, el alcalde ve una voluntad de "entrar a discutir cosas absurdas". Para Castells, los habitantes de Vic tienen el derecho de poder dirigirse a la administración en catalán. "¿Cómo garantizaremos este derecho si no pedimos a las personas que trabajan en el Ayuntamiento que puedan tener una conversación fluida, puedan rellenar un formulario, puedan leer una instrucción interna o puedan entenderse con su mando?", se ha preguntado el alcalde de Vic. "¿Cómo se garantizará si el funcionario que venga no tiene estos mínimos?", ha añadido.
Para Castells, habría que poner el foco en los ciudadanos en Cataluña a quienes se vulneran los derechos lingüísticos cuando se dirigen a las administraciones. "Es tan sencillo como adoptar y conocer la lengua vehicular de la ciudad donde se quiere trabajar", ha remachado.
"El Estado no ha parado de poner en marcha la maquinaria contra todo lo que tiene que ver con la nación catalana para diluirla", ha señalado Albert Castells. "Saben muy bien que extinguiendo la lengua, se extingue el problema", ha añadido.
El alcalde ha agradecido el apoyo recibido por parte de las diferentes entidades municipales, asociaciones en defensa de la lengua y del mismo partido que durante este jueves le han mostrado su apoyo.