La crisis de la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político. Tanto Podemos como Sumar han instado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a actuar con “valentía” ante la escalada de precios del alquiler y a emprender una reforma profunda del mercado inmobiliario.
Rebajar un 40% los precios de los alquileres por ley
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado una rebaja por ley del 40% de los alquileres que, según ella, es “imprescindible para garantizar el acceso a la vivienda y frenar la especulación”. La dirigente morada ha denunciado que el gobierno “no puede seguir permitiendo que los ciudadanos paguen su cobardía” y ha propuesto un plan para “recuperar el control público sobre la economía” que incluye, entre otras medidas, nacionalizar Repsol y blindar la sanidad pública.
Comprar 25.000 pisos de fondos buitre para alquileres asequibles
En paralelo, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha pedido a Sánchez que deje atrás la política de “resistencia” y pase a la ofensiva con más políticas sociales, aunque eso “signifique enfrentarse a los poderosos”. Entre sus propuestas, ha defendido intervenir el mercado de la vivienda, prorrogar todos los contratos de alquiler y mantener el cierre progresivo de las centrales nucleares.
Barbero también ha instado al Gobierno a ejercer el derecho de tanteo para adquirir “a bajo precio” las 25.000 viviendas que cuatro grandes fondos inmobiliarios pondrán en el mercado próximamente. “Serían 25.000 hogares más para familias, jóvenes y personas mayores con rentas bajas”, ha remarcado.
Las dos formaciones coinciden en que hay que afrontar la crisis de la vivienda con medidas estructurales y no cosméticas, advirtiendo que el modelo actual beneficia a los grandes propietarios y deja atrás a la mayoría social. Tanto Podemos como Sumar reclaman al PSOE más ambición y compromiso con las clases populares, en un momento en que el alquiler alcanza máximos históricos en las principales ciudades del Estado.
Las propuestas, de gran alcance, abrirán de seguro un debate intenso en el ámbito parlamentario y en el espacio político de la coalición. Aún no se han anunciado medidas concretas de calendario ni plazos de negociación con el resto de socios del Gobierno. Tampoco se ha registrado, en el momento de cerrar esta información, ninguna reacción oficial del PSOE ni de la Moncloa ante la oferta de Podemos.
La presente propuesta sitúa de nuevo sobre la mesa temas polémicos —como la nacionalización de empresas energéticas o la reforma del sistema de gobierno judicial— que requerirían amplias mayorías legislativas y provocarían un fuerte debate público y jurídico si se intentasen impulsar. Podemos sostiene que habrá que abrir vías de negociación y medir las herramientas legales y presupuestarias para hacerlas realidad.