El juzgado de Sabadell ha juzgado este lunes el caso del bloque Guillem Agulló, ocupado desde el 11 de abril de 2015 por 27 familias —unas 120 personas—. La sesión, de poco más de una hora y de carácter técnico, ha quedado vista para sentencia. En el procedimiento, la propiedad (SEROM y Grup Promotors 96) reclama la restitución de la finca para incorporarla al mercado, mientras que los vecinos y la PAHC Sabadell reivindican poder permanecer allí con alquileres sociales ajustados a los ingresos.
En el exterior de los juzgados se han concentrado **decenas de personas en apoyo a los inquilinos**. Dentro, la saturación de abogados y procuradores ha obligado a excusar a estos últimos, y el debate se ha centrado en **quién ostenta el título de propiedad**, no en la situación personal de los ocupantes. El magistrado, en coherencia con el objeto del procedimiento, **no ha admitido como prueba los informes de vulnerabilidad** aportados por algunas defensas, que acreditan la presencia de **familias con menores, ancianos o personas con discapacidad**. Tampoco ha excluido de la causa a algunos demandados que alegaban haberse marchado: la propiedad ha argumentado que no se han devuelto las llaves
La PAHC recuerda que el edificio se incorporó hace una década a la estrategia de aprovechamiento de pisos en desuso de grandes tenedores y que los adjudicatarios han tenido seguimiento de Servicios Sociales. “No pedimos caridad, pedimos justicia social: un alquiler justo y estable”, ha resumido una vecina. La entidad denuncia, además, que el relevo de vivienda alternativa es inviable a corto plazo: el caso de la desalojada antigua Caserna de la Guardia Civil —con alojamientos puntuales para muy pocos núcleos— evidenciaría, dicen, la falta de recursos.
La relación entre vecindario y propiedad arrastra episodios tensos. En agosto de 2023, Endesa cortó el suministro eléctrico al bloque alegando riesgo por enganches ilegales, lo que agravó la precariedad de las familias. Según la PAHC, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la propiedad para explorar salidas en régimen de alquiler social dentro del mismo inmueble, pero los titulares se negarían a negociar
Ahora, el caso queda pendiente de resolución judicial. Si el juez avala la pretensión de la propiedad, se abrirá un escenario delicado para las 27 familias. Si, en cambio, el tribunal hace alguna llamada a la mediación o al realojamiento con garantías, el conflicto podría desescalar. Mientras tanto, el bloque Guillem Agulló continúa siendo símbolo de la batalla por la vivienda en Sabadell y banco de pruebas de hasta dónde llega la protección a la vulnerabilidad cuando colisiona con el derecho de propiedad.
