El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un nuevo decreto para prorrogar buena parte de las medidas fiscales impulsadas en marzo para hacer frente a los efectos de la crisis en Oriente Medio, pero con una retirada gradual de las ayudas a los carburantes.
La principal novedad es que el IVA de los combustibles volverá al 21%, mientras que se mantendrá temporalmente una rebaja del impuesto especial de hidrocarburos. Esta ayuda, que hasta ahora era de 20 céntimos por litro, pasará a ser de 15 céntimos en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, antes de desaparecer en octubre.
El decreto incorpora, sin embargo, una cláusula de salvaguarda. Si los precios internacionales del petróleo y del gas vuelven a subir de manera significativa, la ayuda se podría reactivar automáticamente. En concreto, si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%, la bonificación volvería a los 20 céntimos por litro.
Los transportistas, agricultores y pescadores mantienen los 20 céntimos
La retirada progresiva no afectará de la misma manera a los sectores profesionales más expuestos al coste del combustible. El Gobierno mantendrá hasta el 30 de septiembre el descuento de 20 céntimos por litro para los profesionales del transporte, la agricultura y la pesca.
Esta prórroga tendrá un coste previsto de 65 millones de euros. También se alargarán hasta finales de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera para compensar el encarecimiento del gasóleo profesional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había avanzado que el ejecutivo movilizaría “todos los recursos del Estado durante tanto tiempo como sea necesario” para evitar que familias y autónomos quedaran desprotegidos ante el impacto de la crisis energética.
Un paquete de apoyo de 1.825 millones
Según el Gobierno, el conjunto de medidas incluidas en el nuevo decreto supondrá un apoyo fiscal de 1.825 millones de euros durante 2026. A esta cifra se añade una menor recaudación estimada de 2.700 millones entre 2027 y 2028 por la reducción progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica.
El decreto también mantiene ayudas directas a los sectores agrario, pesquero y del transporte. En el caso del campo, incorpora una partida de 165 millones de euros para la compra de fertilizantes, que se suma a los 500 millones ya movilizados en el decreto anterior.
Cambios también en el impuesto eléctrico
Otra de las medidas destacadas es la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica. Según ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el gravamen quedará reducido al 5% durante los dos trimestres que restan del 2026, bajará al 2,5% en 2027 y desaparecerá definitivamente en 2028. Cuerpo ha defendido que esta decisión responde a una demanda del sector y contribuirá a reforzar la electrificación de la economía.
El decreto también prevé mecanismos para recuperar determinadas rebajas si los precios energéticos vuelven a dispararse. En este caso, el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña podría volver a bajar del 21% al 10%, y el impuesto especial sobre la electricidad se reduciría nuevamente del 5,1% al 0,5%.
Prohibición de despedir para empresas beneficiarias
El texto mantiene también la prohibición de despedir para las empresas que se beneficien de las ayudas incluidas en el decreto. La medida forma parte del paquete de condiciones asociadas al apoyo público.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado y el gobierno español tendrá 30 días para someterlo a la convalidación del Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros se ha celebrado de manera extraordinaria este lunes para evitar que las medidas aprobadas en marzo decayeran este 30 de junio. Aquel primer paquete, vinculado al Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, movilizaba cerca de 5.000 millones de euros e incluía una ochenta de actuaciones para contener el impacto del encarecimiento de la energía y de los combustibles.
