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El gobierno español ha aprobado dos decretos sobre vivienda con medidas estructurales pactadas entre el PSOE y Sumar a raíz del caso “Maricarmen”, el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid que ha desencadenado una ola de protestas. Tras una negociación "in extremis", el Consejo de Ministros ha dado luz verde, por un lado, a un decreto que incluye la protección de los desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la prohibición de la compra por parte de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
En un segundo decreto, aprobado de manera separada, se establece la renovación automática de los alquileres, uno de los puntos que más discrepancias había generado entre los socios de coalición.
Rodríguez pide el voto favorable para las dos normas
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que el primer real decreto ha comportado "años de trabajo" y lo ha contraPuesto al segundo, que "no se ha podido trabajar con los grupos con la dedicación" de la otra normativa. Aun así, la titular de Vivienda ha pedido el voto afirmativo para ambas regulaciones y ha insistido en que "hay tiempo" para negociarlo con los grupos y poder convalidarlo el próximo viernes.
La renovación automática de los contratos prevé excepciones similares a las que ya recoge la normativa vigente, y el propietario podrá recuperar la vivienda en caso de necesidad personal o de un familiar cercano.
Rodríguez ha definido la medida como una normativa "ambiciosa", trabajada durante "más de un año", y orientada a dar respuesta al "clamor" que se ha generado tras el caso “Maricarmen”. "Su sufrimiento ha valido la pena, no ha sido en vano y por su lucha ganarán muchas personas que no se encontrarán en la situación lamentable en la que se vio ella", ha afirmado.
Escudo social hasta 2030 y presión sobre los fondos buitre
Sobre la limitación temporal del escudo social hasta diciembre de 2030, la ministra ha apuntado que responde a la "urgencia" de actuar inmediatamente y a las negociaciones mantenidas con los grupos parlamentarios.
Además, ha detallado que el Consejo de Ministros ha "reordenado" la fiscalidad de las socimis para que "reorienten las inversiones a la vivienda asequible" y no al "ámbito de la especulación". En este sentido, el texto "atura" las compras especulativas y restringe los desahucios de personas vulnerables por parte de "fondos buitre".
"Un adversario que incorpora el texto y que hemos señalado son los fondos buitre, este escudo antidesahucios impide que los buitres continúen carroñeando con la vida de la gente", ha subrayado. Rodríguez ha asegurado que los fondos están definidos de manera "muy rigurosa" y que se han descartado redactados que pudieran dificultar la compra de viviendas públicas o protegidas.
Bonificaciones, alquiler congelado y cambios fiscales
El decreto también incorpora bonificaciones para pagar el alquiler a las familias con ingresos inferiores a los 33.000 euros, una medida que puede llegar potencialmente a 1,6 millones de personas, así como incentivos fiscales para los propietarios que "quieran que sus vecinos vivan mejor y no se suban al carro de la especulación".
El gobierno español ha impulsado, igualmente, la congelación del precio de los alquileres al 2% para evitar que los contratos se encarezcan. La regulación incorpora una cláusula competencial que establece que la normativa sobre habitaciones no se aplicará de momento a Catalunya, que ya dispone de una política propia aprobada por el Parlament.
Rodríguez ha añadido que la normativa incluye un "nuevo impuesto a los pisos turísticos con un IVA del 10%" y no del 21%, como se había recogido en algunos borradores. El ejecutivo también ha activado un mecanismo de financiación de préstamos para comprar la primera vivienda a interés 0% de hasta 50.000 euros. Estos créditos se concederán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y no podrán superar el 20% del valor de la vivienda.
Por otro lado, el texto ha incorporado una "importante medida fiscal" con una rebaja del IVA superreducido al 4% para la construcción de vivienda pública y protegida.
Convalidación prevista el viernes
El gobierno español ha solicitado un pleno extraordinario el viernes para convalidar los dos decretos.
