El informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, **ha avalado la amnistía aprobada por el gobierno español** por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y los presuntos delitos de terrorismo de los CDR, a pesar de **poner objeciones sobre aspectos procedimentales**.
Spielmann asegura que perdonar la responsabilidad contable de los líderes independentistas no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea porque no hay “un vínculo directo” con la reducción “actual o potencial” de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la UE. Según él, “los fondos malversados no debían ponerse a disposición del presupuesto de la UE” y “las partes demandadas en el litigio” en el Tribunal de Cuentas “no estaban encargadas de recibirlos y ponerlos a disposición de dicho presupuesto”.
En cambio, el abogado general ha puesto en cuestión algunos aspectos del procedimiento, como el plazo de dos meses para dictar resoluciones, que considera “excesivamente corto y vinculante”, y la ausencia de previsión para la comparecencia de la acusación particular. Spielmann ha alertado de que impedir que se escuche a todas las partes puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. También ha señalado que obligar a los tribunales a resolver antes de que el TJUE dicte sentencia es incompatible con el derecho de la UE.
En cuanto a los CDR, Spielmann sostiene que la ley es compatible con las normas antiterroristas europeas y delimita claramente qué actos pueden ser amnistiados y cuáles no, estableciendo una “frontera lo suficientemente clara” respecto de conductas especialmente graves.
Spielmann ha rechazado las críticas de la Comisión Europea que calificaban la norma como “autoamnistía”. Según él, “nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía en este caso”. El abogado general ha defendido que se trata de un acto parlamentario regular, sujeto a control judicial, que busca dar respuesta a “una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”. También ha aclarado que los beneficiarios no son “miembros o representantes del gobierno”, ni del “poder legislativo que promovió la aprobación” de la norma.
El Gobierno español ha celebrado el informe. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado el dictamen de “victoria rotunda” y ha asegurado que la ley de amnistía es “plenamente constitucional y se ejecutará con toda normalidad”. “El Tribunal Constitucional ya declaró que la ley era constitucional, y hoy el abogado general del TJUE ha dicho que la ley de amnistía es conforme con el derecho europeo, que no afecta a los intereses financieros de la Unión y que la regulación del terrorismo con remisión al Convenio Europeo de Derechos Humanos que contiene la ley de amnistía también es conforme con el derecho europeo”, ha añadido.
El ministro ha insistido en que la amnistía “ya ha cumplido su objetivo político”, garantizando la “normalización política, social e institucional en Cataluña” y que más de 350 personas ya se han beneficiado de la medida.
En cambio, la vicesecretaria de Relaciones Institucionales del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que hay que esperar la sentencia definitiva del TJUE y ha criticado que la ley puede vulnerar el estado de derecho y la legislación europea. Según Gamarra, se trata de una “ley inmoral” que Sánchez impulsó con el único objetivo de “continuar en el poder”, a pesar de reconocer que el informe apunta que la norma “parece que se aprobó en un contexto real de reconciliación política y social”.
La opinión del abogado general no es vinculante y ahora será el TJUE quien dicte sentencia, sin que todavía se haya fijado una fecha para el pronunciamiento. Líderes y activistas independentistas esperan el dictamen para saber si podrán beneficiarse plenamente de la amnistía, así como la decisión que pueda adoptar el Tribunal Constitucional en España.
