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Los problemas para pagar la hipoteca han vuelto a crecer en Cataluña. Entre abril y junio de 2026 se registraron 1.079 procesos judiciales sobre viviendas por impago de la hipoteca, un 31,6% más que durante el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Es la primera vez en cinco años que Cataluña supera los 1.000 casos en un segundo trimestre y la cifra más elevada para este periodo desde 2021.
Este procedimiento, conocido técnicamente como ejecución hipotecaria, se inicia cuando el propietario deja de pagar la hipoteca y el acreedor, habitualmente una entidad bancaria, recurre a los tribunales para intentar recuperar la deuda. El proceso puede acabar con la subasta o adjudicación de la vivienda, aunque la apertura del expediente no significa automáticamente que la persona pierda la casa.
Cataluña, segunda comunidad con más casos
Cataluña concentra el 21,6% de todas las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas en el Estado durante el segundo trimestre. Solo Andalucía presenta una cifra superior, con 1.154 casos, frente a los 1.079 catalanes.
Si se tienen en cuenta no solo las viviendas, sino también fincas rústicas, solares y otros tipos de inmuebles, Cataluña registró 1.355 ejecuciones hipotecarias entre abril y junio. En este caso, el incremento interanual es del 24%. Cataluña también ocupa la segunda posición estatal, nuevamente detrás de Andalucía, que contabilizó 1.674.
Tres trimestres consecutivos al alza
Los datos también muestran que el aumento no se limita a la comparación con el año pasado. Entre el primer y el segundo trimestre de 2026, los procesos hipotecarios sobre viviendas crecieron un 19,1% en Cataluña. El indicador acumula así tres trimestres consecutivos de incrementos.
Esta evolución muestra una aceleración desde principios de año y sitúa el segundo trimestre de 2026 en los niveles más altos de los últimos cinco años para este periodo.
La estadística del INE, sin embargo, no equivale directamente al número de desahucios ejecutados. Lo que contabiliza son los procedimientos judiciales iniciados porque existe una deuda hipotecaria pendiente.
A partir de aquí, cada caso puede evolucionar de manera diferente en función de los acuerdos entre las partes, la situación económica del propietario y las resoluciones judiciales que se vayan adoptando.
