Los comunes han pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que imponga una sanción económica significativa a New Amsterdam Developers (NAD), empresa titular del bloque situado en la calle Sant Agustí, en el barrio barcelonés de Gràcia.
En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la presidenta de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado una multa de unos 900.000 euros como medida disuasoria ante la presunta infracción muy grave detectada en este inmueble.
Este expediente sancionador fue anunciado por el Gobierno catalán a finales del mes de marzo después de identificar posibles incumplimientos normativos por parte del fondo holandés propietario. Según fuentes oficiales, la cuantía podría provenir de una sanción aproximada a 90.000 euros por cada una de las 23 viviendas.
La exigencia de una unidad disciplinaria con rango elevado
Ante el inicio inminente de las negociaciones para actualizar los presupuestos, los ecosocialistas proponen incorporar un órgano específico dedicado a la inspección y sanción en materia de vivienda que disponga del máximo nivel jerárquico posible, concretamente el rango de dirección general. Esta nueva estructura dependería directamente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y dejaría atrás la actual subordinación bajo la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
Jéssica Albiach ha destacado que esta modificación representaría “una manera clara” para que el Govern exprese “la voluntad política” en este ámbito: “Es una cuestión que queremos incluir sí o sí en esta actualización”, ha afirmado.
Puntualizaciones sobre el proceso y próxima reunión con el Govern
Aunque no haber fijado todavía fecha concreta, Albiach ha confirmado que habrá un nuevo encuentro entre los comunes y el ejecutivo catalán después del período festivo de Semana Santa para abordar las medidas vinculadas a los presupuestos: “Hemos hablado con el Govern para sentarnos nuevamente cuando volvamos”, ha explicado.
Además, la líder de los comunes considera estas cuentas públicas como una herramienta fundamental para garantizar apoyo social a las familias afectadas y frenar las operaciones especulativas de los fondos buitre. También se ha referido a la dinámica parlamentaria con ERC subrayando que los comunes centran sus demandas en competencias exclusivas o compartidas con la Generalitat: “La premisa es exigir aquello que depende claramente del Gobierno”, ha puntualizado.
Sostenimiento jurídico ante recursos contra regulaciones sobre vivienda
Ante el recurso presentado por el Partido Popular Catalán (PPC) al Tribunal Constitucional contra la ley que limita los precios de los alquileres temporales —con el objetivo de impedir circunvalaciones del tope establecido—, Albiach se ha mostrado confiada sobre la vigencia de estas medidas legislativas: “Estoy convencida de que estas disposiciones no caerán”. En caso contrario, ha abogado por activar mecanismos alternativos que protejan este derecho básico.
Esta formación también se enfrenta a los intentos de los populares para que se lleve ante el mismo tribunal constitucional la restricción relativa a compras especulativas inmobiliarias. Sobre esta oposición política, Albiach ha insistido para que Junts no asuma propuestas impulsadas por el PPC: “Nuestras iniciativas están inspiradas en ejemplos reales aplicados en otros países europeos”, ha concluido.
