La calle de Sant Agustí, número 14, situada en el distrito de Gràcia de Barcelona, se ha convertido este martes, 24 de marzo, el epicentro de una movilización ciudadana con carácter musical y un maratón de resistencia con el objetivo de impedir el desahucio del vecino Txema, previsto inicialmente para primera hora del miércoles siguiente. Durante la noche, diversos activistas han instalado un campamento delante del edificio para garantizar una presencia continuada que facilite una oposición masiva al procedimiento judicial.
Según ha informado el Sindicato de Inquilinas, esta situación representa el primer caso en Barcelona donde un fondo inversor especializado en 'colivings', New Amsterdam Developers, impulsa un desahucio directamente sobre la puerta. Este sindicato ha solicitado formalmente al Síndic de Greuges de Barcelona que intervenga como mediador entre los residentes afectados y la propiedad inmobiliaria. Esta petición ha sido aceptada por el síndic y con el apoyo del consistorio barcelonés.
Respuesta institucional y posición municipal
El Ayuntamiento ha calificado de inadmisible la decisión del fondo de inversión de avanzar con el proceso ejecutivo a pesar de las peticiones de paralización formuladas desde el gobierno local. Asimismo, la administración municipal ha instado a la propiedad a suspender inmediatamente el desahucio; no obstante, según los datos disponibles hasta ahora, el lanzamiento continúa programado para la mañana del miércoles.
En este sentido, Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha manifestado: "Hay que cuestionar qué gasto policial está dispuesto a asumir mañana el Gobierno para que una empresa holandesa pueda expulsar a un vecino que vive en este inmueble hace más de una década para transformarlo en vivienda compartida ilegal." Además, Aragonès ha hecho un llamamiento explícito a sumar esfuerzos: "Invitamos a toda la ciudadanía a unirse a los actos previstos durante la noche y mañana por la mañana para impedir que se materialice este nuevo episodio de vulneración de los derechos habitacionales."
Pasacalles cultural y apoyo artístico
Aproximadamente hacia las 19:00 horas, unas 150 personas —cifra facilitada por el Ayuntamiento— iniciaron un pasacalles desde la plaza de la Vila hasta delante del edificio afectado en la calle Sant Agustí 14. Esta concentración cuenta con un programa cultural variado que incluye actuaciones musicales y discursos hasta pasadas las 23:00 horas.
Destacan las intervenciones de los grupos Ginestà, Marc Sarrats, Tomeu y Xarnego así como Irieix. La comunicadora Laura Grau ejerce como dinamizadora de los actos previstos durante esta jornada reivindicativa.
Lucha por el derecho a la vivienda asequible
Este caso se enmarca dentro de una problemática general sobre los derechos de los inquilinos ante prácticas especulativas vinculadas a los modelos coliving. El protagonista principal es Txema, hombre de 31 años, residente en esta vivienda desde hace 11 años, donde paga mensualmente unos 800 euros. Hace aproximadamente dos años, New Amsterdam Developers adquirió todo el edificio con la intención no renovando ningún contrato existente 900 euros mensuales.
Al pie del bloque durante las protestas, Txema explicó: "Este edificio estaba habitado mayoritariamente por familias con niños pequeños así como gente mayor y jóvenes comprometidos con el barrio; pero después de que New Amsterdam Developers tomara posesión no solo dejaron caducar los contratos sino que también iniciaron reformas declaradas ilegales por el consistorio." Añadió que estas modificaciones han permitido poner precios elevados (hasta casi mil euros) por habitación individual en un modelo claramente orientado hacia usos turísticos encubiertos.
Evolución del conflicto desde el 2023
A principios del 2023, los inquilinos recibieron el primer aviso cuando el anterior propietario rehusó renovar contratos. Posteriormente se confirmó que un fondo inversor había adquirido el inmueble sin ofrecer nuevos acuerdos arrendatarios ni garantizar estabilidad a los residentes.
De los once inquilinos originales seis ya han abandonado sus hogares mientras cinco aún mantienen presencia negociando condiciones o resistiendo sin contrato vigente. Un caso particular es el de una vecina que conserva un contrato de antigüedad regulada.
A finales del mismo año aparecieron anuncios públicos ofertando habitaciones entre 800 y 930 euros mensuales, notable incremento respecto a los precios anteriores cercanos a los 700 euros.
"Pedimos a las administraciones que sean contundentes. Llevamos meses, años, reuniéndonos con ellas y hasta hoy no hemos llegado a tener una inspección como es debido en el edificio. Lo que hace falta es que se impongan las multas y el régimen sancionador adecuado para que no les salga a cuenta el 'coliving', ha añadido Txema.
"Queremos que la administración defienda el derecho a vivir en las casas, no estos negocios que desvirtúan totalmente el uso de la vivienda por un uso especulativo", ha remachado.
