La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas. Sin concretar de quién se trata, Consumo solo ha informado de que es una empresa que organiza festivales en diferentes comunidades autónomas del Estado. Entre las posibles prácticas abusivas consta la de prohibir de forma “expresa y generalizada” el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los asistentes y denegando el derecho al acceso de forma potencialmente arbitraria. También la acusa de prohibir a los asistentes la libre entrada y salida al recinto, obligándolos a pagar una cierta cantidad adicional para hacerlo.
Consumo también denuncia el establecimiento de un sistema de pago obligatorio a través de pulseras ‘cashless’ para realizar pagos dentro del recinto sin admitir la devolución o el retorno de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, junto con la imposición de los gastos de gestión. Además, del establecimiento de un tiempo limitado para hacer uso de este servicio.
Según señala la institución, estas prácticas, en caso de constatarse como abusivas y de considerarse como “infracciones muy graves”, podrían penalizar a la promotora con una multa de entre 100.000 y 1 millón de euros (MEUR). Consumo sostiene que tras la apertura del expediente se abre un período de nueve meses para su instrucción y resolución por parte de los órganos competentes.
