La Cámara de Comercio de Barcelona vuelve a poner sobre la mesa un modelo de pago por uso en las autopistas y carreteras para garantizar el mantenimiento de la red viaria. En un comunicado, la entidad advierte que, sin un sistema “estable” de financiación, el deterioro de las vías continuará creciendo y esto tendrá efectos directos sobre “la competitividad, la seguridad y la movilidad”.
La propuesta central de la Cámara es un sistema de cobro por distancia recorrida, que considera “el modelo más eficiente”. En cambio, la tarifa plana o la viñeta solo las ve como una alternativa temporal y siempre que se apliquen de manera homogénea a todo el Estado. El ente también subraya que el mecanismo de tarifación debería ser “único y equitativo” a escala estatal y que los ingresos deberían destinarse exclusivamente a mejorar y digitalizar las carreteras.
El efecto postpeajes: más tráfico y más presión en la AP-7
La Cámara contextualiza su demanda con el impacto que tuvo el levantamiento de los peajes en Cataluña en 2021, cuando acabaron las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33. Según la entidad, la gratuidad ha comportado un aumento intenso de la circulación, con episodios de más congestión, más siniestralidad y un desgaste acelerado de la infraestructura.
En el caso de la AP-7, asegura que ya funciona al “límite” de capacidad y que en algunos tramos el tráfico de vehículos ligeros ha crecido un 37% en cinco años, mientras que el paso de vehículos pesados se ha disparado un 55%.
Un déficit de inversión que se arrastra
A este escenario, la Cámara añade una carencia creciente de inversión en conservación viaria. Cita datos del sector que apuntan a que más de la mitad de las carreteras de Cataluña y del Estado presentan un deterioro “grave o muy grave” y que el nivel de inversión anual para mantenimiento es “claramente insuficiente” para revertirlo.
Por eso, defiende que la situación de deuda pública y el déficit acumulado hacen “necesaria” la introducción del pago por uso como garantía para mantener una red en condiciones y con seguridad. El modelo, según el documento, debería aplicarse tanto a turismos como a camiones e incorporar una tarifa variable en función del tipo de vehículo y de las emisiones contaminantes.
Del compromiso con la UE a las propuestas aparcadas
La Cámara recuerda que en 2021 el Estado asumió con la Unión Europea el compromiso de implantar un mecanismo de pago por uso en la red estatal, con una previsión inicial de 2024. Aquel proyecto, sin embargo, se frenó y se acabó retirando dos años después, de acuerdo con Bruselas, a cambio de incorporar otras medidas vinculadas al Plan de Recuperación, como el refuerzo del transporte ferroviario.
En paralelo, también quedó en el cajón la propuesta de la Generalitat previa a la pandemia basada en una viñeta o tarifa plana para toda la red, que, según los cálculos, habría podido generar unos 1.000 millones de euros anuales.
Más allá del modelo de pago, la Cámara pide planificar y ejecutar el traspaso de todas las carreteras de titularidad estatal a la Generalitat, tomando como referencia el modelo del País Vasco. Según la entidad presidida por Josep Santacreu, esta cesión facilitaría una gestión integral de la red y permitiría ordenar mejor las inversiones y la planificación, con una coordinación más directa sobre el conjunto del mapa viario catalán.
