Este miércoles, el Pleno del Parlament de Catalunya ha tumbado la proposición de ley impulsada por Junts que proponía modificar la normativa tributaria catalana con una reducción de los tipos del IRPF y una bonificación casi total en el impuesto de sucesiones y donaciones. Las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSC-Units, ERC, los Comuns y la CUP han prosperado gracias a los 72 votos favorables de los socialistas y sus socios de investidura, mientras que Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana han votado en contra (61 votos).
Líneas principales de la propuesta de Junts
La original iniciativa legislativa defendida por el diputado Antoni Castellà planteaba una rebaja en los primeros cuatro tramos impositivos del IRPF, aplicable a las rentas inferiores a los 35.000 euros anuales. Además, se incrementaba el importe mínimo exento hasta los 5.907,42 euros por año. En cuanto a el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se proponía aplicar una bonificación del 99% sobre la cuota por adquisiciones por causa mortis a los contribuyentes clasificados dentro de los grupos I y II —parientes directos— mientras que al grupo III se contemplaba un descuento del 50%.
Divergencias entre partidos durante el debate parlamentario
Tanto el PPC, como Vox y Aliança Catalana, aun mostrando simpatía hacia la iniciativa fiscal de Junts durante el debate, manifestaron reservas sobre diversos puntos. La diputada popular Míriam Casanova, defendió avanzar hacia un modelo administrativo basado en "menos impuestos y mejores servicios", pero criticó la coherencia del partido liderado por Carles Puigdemont: "no es coherente" con esta finalidad.
Por otro lado, desde Vox, el portavoz parlamentario Joan Garriga, advirtió que la propuesta "se queda corta" porque "el problema en Cataluña y en el Estado no es que se recaude poco sino que se gasta muy mal". Por parte de Aliança Catalana, la presidenta y portavoz Sílvia Orriols, destacó que la realidad fiscal catalana es "mucho más compleja que estas cuatro hojas", acusando a Junts de haber "copiado parcialmente" un proyecto anterior presentado por su partido independentista de extrema derecha.
Cargas críticas desde los grupos independentistas de izquierdas
Lluïsa Llop, diputada de ERC, calificó la iniciativa no como una medida de "justicia fiscal", sino como una estrategia orientada a fomentar una "competencia fiscal a la baja", denunciando un claro caso de "populismo fiscal". Añadió: "No se puede gobernar diciendo a la vez que queremos más país y menos recursos públicos".
Esta línea crítica fue secundada por el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, quien alertó que esta rebaja supondría un coste económico elevadísimo: hasta 1.750 millones de euros menos en recaudación por parte de la Generalitat —una cifra superior al total incremento presupuestario previsto por el Departament d’Educació para 2026.
Por otro lado, desde el PSC, Susana Martínez cuestionó si Junts podría establecer algún tipo de alianza con el PPC dado que consideraba esta proposición como “una copia literal con otras siglas” de una propuesta previamente presentada por los populares.
Y finalmente desde la CUP, Laure Vega de este grupo ecosocialista subrayó: "la cultura del esfuerzo es mentira” Y “nunca ha existido un reparto igualitario” de los recursos. “Si queremos detener a la extrema derecha hay que repartir mejor”, este es su diagnóstico.
Llamada a los independentistas antes de los votos definitivos
Poco antes del momento decisorio sobre las enmiendas presentadas contra su propuesta legislativa, el diputado Antoni Castellà hizo un llamamiento directo a los grupos independentistas presentes en el Parlament para que apoyaran esta iniciativa hasta alcanzar una “financiación justa” o conseguir “el Estado propio”. En sus palabras:
"Mientras haya déficit fiscal en Catalunya" --sentenció-- y se produzca un "expolio en toda regla", ningún partido soberanista puede avalar compensarlo con más impuestos”.