Glovo afronta una nueva etapa marcada por dudas sobre la viabilidad de su modelo laboral. Diez meses después de abandonar el sistema de falsos autónomos y contratar a unos 14.000 repartidores, la compañía propone ahora despedir 143 trabajadores en Cataluña, principalmente en ciudades pequeñas y medianas.
La medida forma parte de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 766 empleados en todo el Estado y que ya se ha puesto sobre la mesa en la negociación con los sindicatos. Según la compañía, el modelo actual “ha demostrado ser ineficiente” fuera de las grandes ciudades y ha provocado una caída del servicio, hecho que les lleva a replantear la operativa.
Los despidos se concentran en zonas fuera de los grandes núcleos urbanos. En la demarcación de Barcelona se prevén 77 bajas, con afectaciones destacadas en municipios como Castelldefels, Molins de Rei o Sant Vicenç dels Horts, así como en la costa del Maresme.
En Girona, las 11 bajas se localizan sobre todo en la Costa Brava, entre Platja d’Aro y Roses. En Tarragona, el grueso del ajuste se sitúa en la Costa Dorada, con municipios como Salou, Calafell y Torredembarra, sumando hasta 52 despidos. En Lleida, en cambio, no se plantean recortes.
ESTRATEGIA EN PELIGRO
El giro estratégico de Glovo llegó después de sanciones de la Seguridad Social y de una investigación penal contra su fundador, Óscar Pierre, por un presunto delito contra los trabajadores. El cambio mejoró la imagen de la compañía, hasta el punto de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, agradeció públicamente la adaptación a la normativa durante el décimo aniversario de la empresa.
Aun así, el nuevo modelo no acaba de cuadrar en términos económicos. Según un estudio de la Autoridad Catalana de la Competencia, Glovo mantiene una cuota de mercado del 80% en Cataluña, pero los sindicatos alertan que el sistema solo es rentable en grandes ciudades.
En plena negociación del ERE, Comisiones Obreras ha convocado la primera huelga de repartidores de la compañía, con paros los días 24, 25 y 26 de abril. El sindicato reclama frenar los despidos, negociar un convenio propio y facilitar elecciones sindicales.
Además, denuncia que la empresa ha aplicado un “ERE encubierto” en los últimos meses, con despidos disciplinarios que los trabajadores atribuyen a errores automatizados en la gestión interna.
