El pleno del Parlamento ha validado recientemente una reforma legislativa que duplica la tasa turística vigente a partir del 1 de abril, con el apoyo de los grupos parlamentarios PSC, ERC y Comuns. La CUP se ha abstenido, mientras que Junts, PP, Vox y Aliança han manifestado su rechazo mediante votos en contra.
Concretamente, esta normativa establece que la tarifa máxima por noche en los establecimientos hoteleros de lujo ubicados en Barcelona pasará de los actuales 3,5 euros a los 7 euros. En paralelo, los hoteles de cuatro estrellas verán aumentada su cuota hasta los 3,40 euros por noche. En el resto del territorio catalán, el incremento se producirá de manera gradual: desde este abril hasta el 31 de marzo de 2027 el límite será de 4,5 euros por noche, incrementándose posteriormente hasta los 6 euros.
Distribución de los recursos recaudados
La nueva ley estipula que un cuarto (25%) de los fondos generados por esta tasa se destinarán exclusivamente a las políticas públicas de vivienda impulsadas por la Generalitat. El restante (75%), se incorporará al Fondo para el Fomento del Turismo destinado al desarrollo sectorial.
Ajustes en los recargos municipales
Además de este incremento generalizado, el texto legal autoriza al Ayuntamiento de Barcelona a elevar el recargo municipal sobre esta tasa desde los actuales cuatro hasta ocho euros. De hecho, el consistorio ya ha aprobado un aumento anual progresivo de un euro hasta llegar a los ocho euros el año 2029.
También se abre la puerta para que otros ayuntamientos catalanes puedan imponer un recargo propio con un tope máximo de cuatro euros. Además, podrán modular estos importes según criterios como la ubicación geográfica o las temporadas turísticas.
Argumentos de los grupos favorables
Dentro del debate parlamentario, Susana Martínez (PSC) defendió que este incremento no afectará negativamente el flujo turístico y remarcó que «es de sentido común que quien utiliza servicios públicos contribuya a su mantenimiento». También criticó a Junts por no apoyar una medida que este mismo partido había impulsado cuando gobernaba.
Por parte de ERC, Laia Cañigueral calificó la tasa como un «elemento clave» y una «herramienta municipalista», subrayando su adaptabilidad según las necesidades locales. Destacó también que es un impuesto proporcional pensado para reflejar las diferentes realidades entre Barcelona y otras zonas catalanas: «No podemos tratar Barcelona y el resto del país como una única realidad».
Por otro lado, David Cid (Comuns) puso énfasis en que esta contribución económica permitirá afrontar necesidades crecientes relacionadas con seguridad ciudadana, limpieza urbana o aumento en el uso de los centros sanitarios. Remarcó igualmente que la ley garantiza que todos los municipios puedan aplicar recargos propios y no solo Barcelona.
Posición crítica de CUP
La concejala Laure Vega (CUP) expresó que a pesar de reconocer ciertas virtudes en la tasa turística aprobada «podría haber sido más interesante». Lamentó especialmente el rechazo durante la tramitación parlamentaria a propuestas suyas relacionadas con vacaciones laborales para los trabajadores. En este contexto reivindicó un modelo basado en el turismo sostenible y cercano.
Rechazo frontal de Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana
La oposición liderada por Junts y PPC había presentado diversas enmiendas rechazadas por el Parlament. Maite Selva (Junts) criticó duramente esta iniciativa describiéndola como una «ley improvisada» destinada a «demonizar» el turismo para encubrir problemas estructurales como la crisis de la vivienda. Acusó también al ejecutivo autonómico de actuar bajo presiones ideológicas extremas procedentes principalmente de los Comuns.
Por otro lado Àngels Esteller (PPC) manifestó un «rechazo contundente» asegurando que esta subida penaliza claramente al sector turístico considerado erróneamente como un enemigo político: «Han elevado a rango de ley la turismofobia de los Comuns y ERC».
Javier Ramírez (Vox) también se posicionó contraargumentando que es injusto vincular las dificultades de la vivienda con los visitantes: «¿Qué culpa tiene una familia que viene libremente a visitar la ciudad...?» Censuró especialmente que parte del dinero obtenido sea destinado a vivienda.
Finalmente Sílvia Orriols (Aliança Catalana) calificó esta medida como una mera acción recaudatoria sin respeto hacia el sector turístico ni hacia las particularidades territoriales: «Les obligan a recaudar un impuesto que les perjudica».
