El Parlament de Catalunya ha validado este miércoles el decreto ley 23/2025, que regula las necesidades financieras del sector público durante la prórroga presupuestaria. La propuesta, defendida por la consellera de Economía, Alícia Romero, ha contado con los votos a favor de los grupos del PSC, ERC y En Comú Podem, mientras que Junts per Catalunya y la CUP se han abstenido y el resto han votado en contra.
Este texto autoriza al Gobierno a llevar a cabo operaciones de endeudamiento, así como a conceder avales y otras garantías consideradas imprescindibles para atender las necesidades económicas públicas. Durante el debate parlamentario, Romero ha subrayado que la normativa permite mantener los avales vigentes, asegurar financiación continuada y gestionar endeudamientos ya existentes. Además, ha puesto énfasis en el incremento de retribuciones al sector público y en la autorización de pensiones que preserven el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Posiciones de los grupos parlamentarios
El diputado de ERC Albert Salvadó ha expresado una crítica hacia el PSC y PSOE por la dificultad que tienen a la hora de cumplir los acuerdos pactados. También ha reiterado la necesidad de que en el Congreso se tramite una ley que permita a Cataluña recaudar todos los impuestos, una condición imprescindible según ERC para negociar las cuentas autonómicas.
Por otro lado, **David Cid, portavoz de los Comuns en el Parlament**, ha destacado que Cataluña requiere unos nuevos presupuestos, pero también un Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos: “Los Comuns no negociarán las cuentas hasta que no **se cumplan los acuerdos del 2025”,** ha advertido Cid, instando al ejecutivo a ejecutar inmediatamente los suplementos de crédito aprobados.En cambio, **Joan Canadell (Junts)** ha cargado contra el decreto ley pero especialmente contra la **falta de presentación de los presupuestos generales**. Canadell ha afirmado que “el ejecutivo de Salvador Illa va rumbo hacia **la españolización” de Cataluña** y ha reclamado diálogo para que se puedan negociar las cuentas: “¿Quién dice que no?”.
Además, Canadell ha advertido a Romero sobre las condiciones para que Junts apoye los presupuestos: una reducción fiscal significativa y un modelo presupuestario centrado en políticas no populistas.
Por su parte, Laure Vega (CUP) se ha mostrado contraria al decreto argumentando que toda prórroga genera estancamiento económico y social beneficioso solo para fuerzas de extrema derecha.
Increment salarial y actualización de pensiones
El decreto consta de cuatro artículos principales entre los que destaca el establecimiento de un incremento retributivo para el personal funcionario correspondiente a los años 2025 y 2026. También prevé la actualización legalmente reconocida de las pensiones con efectos desde el 1 de enero de este año. Además, fija en 9.622,18 euros anuales el importe indicativo de la Renta Mínima Garantizada (indicador de renta suficiente) para este ejercicio fiscal
Teniendo en cuenta estos datos clave así como la naturaleza urgente del decreto ley aprobado hoy por el Parlament catalán —sin ningún grupo parlamentario solicitando su tramitación como proyecto legislativo— queda claro el interés prioritario del Govern en garantizar recursos financieros ante la falta de aprobación de los presupuestos generales autonómicos.