El Parlament ha rechazado este martes la proposición de ley de Junts sobre las viviendas de uso turístico, una iniciativa que quería dar más peso a los ayuntamientos a la hora de decidir cómo regular este tipo de alojamientos. La propuesta no continuará la tramitación después de que hayan prosperado las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos.
La iniciativa ha quedado tumbada con 71 votos a favor de las enmiendas, de PSC, ERC, Comuns y CUP; 50 en contra, de Junts, PPC y Aliança Catalana; y 11 abstenciones, de Vox.
El debate se ha producido en paralelo a una concentración de unas 250 personas ante el Parlament, convocadas por entidades vinculadas al alquiler turístico, para protestar contra el decreto del Govern que prevé eliminar licencias de viviendas de uso turístico a partir de 2028 en municipios con tensión residencial.
Junts reclamaba más autonomía municipal
La proposición de Junts planteaba que fueran los municipios los encargados de fijar las condiciones y los requisitos para autorizar viviendas de uso turístico, siempre de acuerdo con su planeamiento urbanístico. El texto también preveía que la Generalitat dotara a los ayuntamientos de los recursos necesarios para redactar o modificar estos planeamientos.
La diputada de Junts Maite Selva ha defendido que los alcaldes son quienes mejor conocen la realidad de cada municipio. “Nadie sabe mejor qué necesita una calle, un barrio o un pueblo que su alcalde”, ha afirmado.
Selva ha acusado al Govern de haber aprobado una norma que, según Junts, no ha aportado soluciones reales a la crisis de la vivienda. También ha advertido que la prohibición de pisos turísticos puede afectar a miles de familias que viven directa o indirectamente del sector.
La izquierda acusa a Junts de defender un modelo que expulsa vecinos
ERC, Comuns y CUP han mantenido las enmiendas a la totalidad contra la propuesta. Desde los Comuns, Susanna Segovia ha denunciado que hay municipios donde los alojamientos turísticos superan las viviendas residenciales y lo ha vinculado a años de “barra libre descontrolada”.
La diputada de ERC Ester Capella ha defendido que la vivienda debe ser la base del resto de derechos y ha cargado contra Junts por plantear, según ha dicho, una medida que expulsa a vecinos de los pueblos y ciudades y reduce la vivienda residencial disponible. “Ustedes defienden el sálvese quien pueda”, ha reprochado.
La CUP también ha votado a favor de tumbar la iniciativa. Laure Vega ha advertido que no se puede defender a la vez el derecho a vivir en los municipios y un crecimiento continuado del turismo. “Para que haya municipios, se debe poder vivir en ellos”, ha afirmado.
El PSC también ha dado apoyo a las enmiendas a la totalidad. La diputada Eva Candela ha recordado que el Tribunal Constitucional ha resuelto las dudas sobre el decreto ley vigente y ha defendido que diversos municipios ya han comenzado a modificar su planeamiento o sus ordenanzas para adaptarse a la nueva regulación.
El PPC, que inicialmente había registrado una enmienda a la totalidad, la ha acabado retirando y ha votado en contra de las enmiendas. La diputada Àngels Esteller ha acusado a los partidos de izquierdas de querer prohibir y ha defendido que hay que regular, pero no eliminar la actividad.
Vox se ha abstenido. La diputada Mónica Lora ha asegurado que la propuesta de Junts tampoco resolvía el problema porque, según su grupo, mantenía el mismo marco de fondo que el decreto del Govern. Aliança Catalana, en cambio, ha votado contra las enmiendas y ha defendido que sean los ayuntamientos, y no la Generalitat, quienes decidan sobre los usos residenciales y turísticos.
El sector alerta del impacto laboral
Mientras se hacía el debate, unas 250 personas se han concentrado frente a la cámara catalana convocadas por Treballadors pel Lloguer Turístic y APARTUR. Los manifestantes han exhibido pancartas contra el decreto del Govern y han advertido del impacto que puede tener sobre la ocupación.
Entre los lemas que se han podido ver había mensajes como “El mayor ERE de la historia de Cataluña, por decreto” o “Detrás de cada licencia hay una familia”.
El presidente de Treballadors pel Lloguer Turístic, Guillem Laporta, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que reciba a la entidad y escuche sus demandas. Según Laporta, eliminar las licencias puede dejar sin trabajo a miles de personas que trabajan en servicios vinculados a los pisos turísticos.
La entidad calcula que entre 35.000 y 40.000 personas trabajan de manera directa en el sector en Cataluña, en ámbitos como la limpieza, el mantenimiento o los servicios a alojamientos. La cifra se elevaría hasta 200.000 puestos de trabajo afectados si se incluyen los impactos indirectos en lavanderías, restauración y otras actividades relacionadas.