La regulación de las viviendas de uso turístico continúa generando reacciones en Cataluña. Ahora, los profesionales vinculados a este sector han decidido organizarse con la creación de la Asociación de Trabajadores por el Alquiler Turístico, una nueva entidad que alerta de las consecuencias laborales que podría comportar el decreto aprobado por la Generalitat en el año 2023.
Según el colectivo, la aplicación de la normativa podría provocar que más de 200.000 personas se queden sin trabajo en Cataluña en los próximos años. La asociación agrupa a trabajadores de diferentes ámbitos vinculados a las viviendas turísticas, como personal de limpieza, mantenimiento, reparaciones o recepción, pero también pequeños negocios que dependen directamente de esta actividad.
Entre estos sectores se encuentran las lavanderías locales, que aseguran que entre el 80% y el 90% de su actividad está relacionada con los apartamentos turísticos.
“Nos pueden dejar sin trabajo y sin vacaciones”
El presidente de la Asociación de Trabajadores por el Alquiler Turístico, Guillem Laporta, explica que la principal preocupación es el futuro laboral de miles de personas. “Nuestro primer objetivo es velar por los derechos laborales de todos estos trabajadores, que están preocupados por su futuro laboral”, asegura.
Laporta considera que la reducción de pisos turísticos no solo afectará la ocupación, sino también los hábitos vacacionales de muchas familias catalanas. “Nos pueden dejar sin trabajo y sin lugar a donde ir de vacaciones”, lamenta.
Desde la asociación denuncian que muchos ciudadanos que optaban por apartamentos turísticos tendrán que escoger otros destinos o alojamientos más caros si disminuye la oferta disponible.
El personal de limpieza reclama ser escuchado
Uno de los colectivos que podría verse más afectado es el de las personas encargadas de la limpieza de las viviendas de uso turístico, tanto trabajadoras autónomas como empleadas de empresas especializadas.
La presidenta de la asociación Manos en Lucha, Carolina Betancourt, defiende que el problema de la vivienda “no puede pasar por eliminar todo un sector de trabajadores”. Según apunta, “hay que regular mejor y no eliminar”.
Betancourt denuncia que muchas de estas trabajadoras son invisibilizadas y reclama que se las tenga en cuenta en cualquier proceso de regulación. Además, asegura que, en muchos casos, las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en pisos turísticos son “mejores” que las que tienen empleadas de hoteles.
¿Qué prevé el decreto de la Generalitat?
El decreto ley 3/2023 establece nuevas limitaciones para las viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes considerados zonas de mercado tensionado o de alta densidad turística.
La normativa fija que las licencias dejen de ser indefinidas y pasen a tener una duración máxima de cinco años. También limita el número de pisos turísticos a un máximo de 10 viviendas por cada 100 habitantes. Los propietarios deberán pedir una nueva licencia municipal cuando esta caduque y no podrán renovarla si el municipio supera el tope establecido.
El sector calcula que hasta 28.000 viviendas turísticas podrían desaparecer o convertirse en alquiler habitual si no cumplen los nuevos requisitos.
Actualmente, en Cataluña hay registrados unos 105.000 viviendas de uso turístico, aunque el sector asegura que solo unos 45.000 operan de manera efectiva y pagan las tasas correspondientes.
La Costa Brava, una de las zonas más afectadas
Las comarcas con más presencia de viviendas turísticas son el Alt Empordà y el Baix Empordà, en la Costa Brava. Los propietarios reclaman que antes de reducir licencias se tengan en cuenta los datos reales de actividad.
La nueva asociación se presentó oficialmente el mes de marzo en Barcelona y ahora ha iniciado una ronda de actos por todo el territorio. La primera presentación en las comarcas gerundenses se ha hecho en Tossa de Mar.
