La mitad de los municipios de Cataluña tiene un riesgo medio o alto de inundación, y la mayoría no tiene el plan que corresponde para afrontarlo. Esta es una de las conclusiones de la Memoria socioeconómica y laboral 2024 del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC). De los 947 municipios de Cataluña, el 52% tienen un riesgo medio o alto de inundación (492). Por otra parte, un total de 520 municipios deben disponer de un plan de inundación y se recomienda tenerlo en 239 municipios más, pero solo lo han elaborado el 35,4% (269 municipios).
El CTESC alerta de que la falta de preparación puede tener consecuencias graves tanto para las personas como para la economía. Ante esta realidad, el órgano consultivo del Gobierno considera imprescindible emprender determinadas medidas concretas, como hacer un seguimiento de los caudales de los ríos de manera continuada y ampliar los cauces de los ríos y la conservación de los entornos naturales para prevenir desastres y procurar que las actividades económicas que dependen de ellos sean viables.
También apunta que es importante revisar las zonas inundables del Mediterráneo catalán para adaptarse al nuevo escenario, y restaurar los ecosistemas fluviales y conectar los ríos con los humedales y las llanuras inundables.
En paralelo, el CTESC también constata que Cataluña es también una zona con un riesgo de sequía alto, con un 2,8 de 5 según el World Resources Institute. Más de la mitad del territorio es seco y árido (el centro de Tarragona y de Lleida y la cuenca del Ebro) y, por tanto, vulnerable a la desertificación.
El estrés hídrico es también alto (el 78%). El crecimiento demográfico, la actividad económica y el cambio climático presionan los recursos hídricos hasta el punto de causar el desajuste entre la disponibilidad y la demanda de agua. Ante esta situación, el CTESC pide hacer las inversiones pactadas y buscar soluciones para mejorar la disponibilidad futura de agua y cubrir los costes. A su juicio, es necesario invertir en soluciones basadas en la naturaleza (potabilización y depuración) y también en infraestructuras (desalinización y reutilización). También reclama que mejore la eficiencia de la red de distribución.
